Luego de la polémica por el aumento en las dietas de los senadores de la Nación miembros de la oposición y del propio gobierno de Javier Milei impulsan diferentes proyectos para promover una normalización general de los haberes pero estableciendo un tope.
La semana pasada, senadores de La Libertad Avanza y del PRO presentaron dos proyectos para retrotraer el aumento votado en el Senado. Hoy, Unión por la Patria (UxP) pedirá una sesión especial para tratar la determinación de límites para los haberes en los tres poderes del Estado, mientras que el Ejecutivo analiza un paquete de proyectos que va en la misma línea.
La iniciativa de Unión por la Patria lleva las firmas de José Mayans, jefe de la banca en la Cámara Alta, y las senadoras Carolina Moisés y María Teresa González. La misma plantea fijar las remuneraciones mensuales de las autoridades más altas de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, empresas y sociedades del Estado y organismos públicos descentralizados, entre otros.
En el caso del Presidente, el vicepresidente, los jueces de la Corte Suprema, los legisladores, el procurador General, el defensor General y los consejeros de la Magistratura, por ejemplo, sus haberes por mes, según se establece en el proyecto, “no podrían superar la suma equivalente a los 20 salarios mínimos, vitales y móviles”. Teniendo en cuenta que actualmente vale $202.800, desde el mandatario hasta los senadores y diputados no deberían ganar más de $4.056.000.
En el caso de otras jerarquías más bajas se plantean escalas con un ajuste más bajo de los haberes, que incluiría a ministros, secretarios, subsecretarios del Ejecutivo y todas las jurisdicciones, jueces y funcionarios del Poder Judicial, Ministerio Público Fiscal y el de Defensa y autoridades del Banco Central o la AFIP, entre otros. El proyecto señala que en su caso no podrían superar los 15 salarios mínimos, unos $3.042.000 a valores actuales.
Por el lado del oficialismo, el gobierno estaría preparando distintas iniciativas «anti casta» para después del denominado Pacto de Mayo convocado en Córdoba. Dichas iniciativas avanzarían sobre la reducción en la cantidad de asesores, la eliminación de las jubilaciones de privilegios para Presidentes y Vicepresidentes y la quita al financiamiento de los partidos políticos.
El proyecto oficialista también apunta a fijar un método de actualización de los salarios de funcionarios, legisladores y jueces. Podría usarse como referencia el valor del salario mínimo y a partir de eso proponer una escala entre los distintos cargos. Podría utilizarse como medida sujetar los aumentos según la fórmula de los jubilados, lo cual ha generado mucho debate y poco acuerdo en la política.
