La Agencia Nacional de Discapacidad, junto al PAMI, auditarán más de un millón de pensiones no contributivas por invalidez laboral, tras haber detectado queel 80% de los beneficiarios no cumplían con los requisitos establecidos.

En la anterior auditoria, en diciembre de 2024, se detectó que la enorme mayoría de los beneficiarios no padecía la afección que declaraba tener. De ese modo, ya se dieron de baja 212 pensiones que eran cobradas por presos desde las cárceles y 150 por fallecidos.

Este nuevo relevamiento forma parte del plan de extremar los controles sobre las prestaciones que otorga el Estado y seguir avanzando con los recortes de aquellas que presenten irregularidades.

En el Boletín Oficial, el Ejecutivo explicó que “la normativa está nutrida de los baremos previamente confeccionados por expertos en medicina legal-laboral y en cada una de las especialidades y conocimiento de campo tanto en la valoración pericial del daño como en la evaluación de las condiciones de salud de los solicitantes de pensiones no contributivas, a lo largo de todo el país”.

“La presente normativa permite contar con una clasificación para cada aparato o sistema, de los distintos grupos de afecciones psicofísicas según sean causales de incapacidad laboral suficiente para el otorgamiento del beneficio, evaluable, baja o nula”, señalaron desde el gobierno.

En una primera etapa, los organismos encargados de la tarea realizarán un análisis exhaustivo de la situación de cada pensionado y se hará una evaluación en territorio por médicos del PAMI.

Luego se procesará toda la información para constatar cuál es la situación de cada beneficiario y si cumplen o no con los requisitos para obtener el beneficio y, finalmente, se emitirán los dictámenes que determinarán si corresponde suspender o mantener la pensión.