Mientras todos siguen el picante debate en el Congreso por la Ley Ómnibus, se viven también momentos decisivos sobre el rumbo del juicio por la expropiación de YPF. En horas, la jueza neoyorquina Loretta Preska deberá definir si la presentación de garantías quedará con fecha fija el 10 de enero o si escuchará el pedido de Argentina de postergar esa instancia que habilita el inicio de los embargos.
Desde este miércoles, los activos argentinos podrían quedar sujetos de embargo. De todos modos, hasta ahora los demandantes no encontraron ningún activo argentino que pueda ser confiscado en el exterior.
Preska le había concedido al Estado argentino extender el plazo para evitar embargos hasta el 10 de enero, con el fin de darle un poco más de tiempo al gobierno entrante de Javier Milei.
En estos días, la Argentina debía depositar una garantía, mientras iniciaba el proceso de apelación de la sentencia en contra, la cual estableció el pago de una indemnización de US$16.100 millones a los fondos Eton Park y Burford Capital.
Los fondos demandantes le enviaron una carta a Preska diciendo que ya pasó un “plazo de tiempo razonable” desde la sentencia del 15 de septiembre y que están listos para embargar y ejecutar activos.
“Los demandantes no han identificado ningún activo de la República en los Estados Unidos sobre el cual puedan embargar o ejecutar adecuadamente”, fue la respuesta de la defensa de Argentina.
En tanto, el gobierno anunció que el país no está en condiciones de comprometer activos como de positro de garantía por US$16.000 millones, “por las condiciones económicas muy difíciles y la necesidad de implementar reformas urgentes”.
En la primera instancia del juicio por la expropiación de YPF, la jueza Preska determinó que el país violó el estatuto de la empresa al estatizarla y perjudicó a los accionistas minoritarios.
Por esa razón, sentenció al país a pagar una indemnización de US$16.100 millones, al mismo tiempo que eximió de responsabilidades a la petrolera.
Para evitar que la sentencia sea ejecutable, la jueza pidió que la Argentina presentara como garantía el 26% de las acciones de YPF y una presunta deuda que el Ente Nacional Yacyretá tiene con el país por US$2000 millones, que data del año en que se construyó la represa.
Sin embargo, para entregar las acciones de YPF, es necesario contar con la autorización del Congreso, por la ley de Expropiación.
En el caso de Yacyretá, no se encontraron documentos oficiales al respecto.
Argentina se presentará ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de New York el día 22 de febrero.
Ese día deberá entregar un escrito con los argumentos para que los jueces de segunda instancia revisen la sentencia de Preska.
Los demandantes ya iniciaron el proceso de apelación para que se revoque la sentencia que hizo que YPF quedará eximida de responsabilidades.
