Hay algo roto desde hace tiempo entre la sociedad y la Policía, vista la cada vez más evidente vinculación de los uniformados con el delito (¡chocolate por la noticia!). Pero las protestas salariales y la liberación de zonas que pusieron a varias provincias al borde del precipicio en diciembre dejaron al descubierto el accionar muchas veces mafioso por parte de los encargados de proveer seguridad. Al descubierto para toda la sociedad, claro está.

Esto el Gobierno lo sabe, y a pesar del intento de depuración, sobre todo de la temible Bonaerense (la Maldita Policía), en diez años no ha logrado encausar el problema del delito y, sobre todo, del narcotráfico, y su vinculación con los poderes represivos que maneja el Estado.

«El gran poder corruptor» del narcotráfico, como señaló el ex ministro de Seguridad León Arslanian en Infobae TV, hace difícil encarar hoy un trabajo serio en contra del principal delito con los recursos de una policía tan cuestionada. La guerra narco que se avisora en nuestro país es mucho más compleja que cualquier otra batalla contra los delincuentes.

Por estos días, volvieron a esucharse sugerencias desde el gobierno provincial para dejar intervenir a las Fuerzas Armadas en la lucha específica contra los narcos. No es una idea nueva y desde las filas del Gobernador Scioli ya se han escuchado propuestas similares a lo largo de los años. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, salió a derribar cualquier proyecto de utilizar a los miltares en tareas de seguridad interna, y recordó los malos ejemplos que ha dejado alrededor del mundo experiencias de ese tipo.
«Darles vía libre a las Fuerzas Armadas para meterse en temas de seguridad interna, cuando hay una ley de la democracia que lo prohibe expresamente, es un arma de doble filo: nuestra historia nos indica que los militres con un exceso de atribuciones terminan derrocando gobiernos. Para graficarlo de algún modo sencillo: si el Gobierno no puede poner en vereda a la Policía, imaginate lo que puede pasar con los militares. Con remitirse al pasado de la Argentina y a los problemas que vivieron otros países de la región al tratar de poner a los militares al frente de la lucha narco, alcanza para descartar de plano este plan», explican en el Ministerio de Defensa. El mismo Rossi ya había señalado en Radio América: «En ningún país las Fuerzas Armadas disminuyeron el delito narco». La posición, clara y final, deja afuera del tablero el intento, por ahora. Pero, ¿quién garantiza que no se volverá con el embate si el Gobernador llega a la Casa Rosada? El tema será materia de largos debates en el Congreso, sin dudas, y ya conocemos la posición de la centroderecha.
En paralelo, la Policía volvió a extorsinar al poder político en Córdoba, y la respuesta del Gobierno Nacional fue inmediata: envió a 1.000 gendarmes para controlar el foco de conflicto. El gobernador Juan Manuel de la Sota, se reunió con Sergio Berni (bajo cuya órbita quedó la lucha contra el narcotráfico) y acordaron la ayuda del Gobierno nacional. «El policía que no responda órdenes, deja el uniforme», espetó el gobernador. El que se quema con leche ve una vaca y llora, decía mi abuela.

El debate, en el que pocos mencionan la palabra despenalización, queda abierto. Algo es seguro: en un país con jóvenes 30 años de democracia, tratar de solucionar el problema de la relación entre narcos y policías con las fuerzas armadas, es como tratar de apagar un incendio con un bidón de nafta.