El Consejo Directivo de la CGT mantuvo su primer encuentro oficial con el Gobierno Nacional y no fue satisfactorio. El resultado es la decisión de un paro general para el 9 de mayo que se constituirá como el segundo contra la gestión de Javier Milei en cuatro meses de mandato. Además, los dirigentes de la Central decidieron hacer un acto para el Día de Trabajador que sería con movilización a la Plaza de Mayo y analizan plegarse a la marcha convocada por las universidades para el 23 de abril.

La aceptación por parte del Gobierno nacional de no tocar la ultraactividad de los convenios colectivos y mantener la cuota solidaria que los gremios reciben de los trabajadores no afiliados, que dicho sea de paso estaban incluidas en el nuevo proyecto de ley ómnibus, no resultó suficiente como para que la central obrera detuviera el plan de lucha que por ahora incluyen los tres ítems nombrados arriba. El día de ayer, al finalizar la reunión entre las partes, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse y el ministro del Interior, Guillermo Francos, habían caracterizado la reunión como «constructiva, reflexiva, sin violencia».

La primera medida de fuerza había sido el 24 de enero y había consistido en un paro de 12 horas con movilización a tan solo 45 días de la llegada de Milei a la Casa Rosada. En esta oportunidad la convocatoria a la huelga con casi un mes de anticipación choca con la estrategia inicial de esperar el desenlace de la nueva ley de Bases en el Congreso y la posibilidad de un fallo de la Corte Suprema sobre la validez del capítulo laboral del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23.

Uno de los principales impulsores de esta medida es Pablo Moyano, quien fue reemplazado en la reunión de ayer por su padre y también de la negociación salarial de camioneros. Pese a esta interna, la cúpula de la CGT valoró el intercambio con el Gobierno y advirtió que la decisión podría revertirse si se resuelven las homologaciones de las paritarias y si se da a conocer la letra chica del proyecto de reforma laboral.