La Corte Suprema le cerró otra vía judicial a los condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa
El planteo buscaba declarar la inconstitucionalidad del procedimiento iniciado tras las detenciones de enero de 2020.
El planteo buscaba declarar la inconstitucionalidad del procedimiento iniciado tras las detenciones de enero de 2020.
La resolución había sido firmada por Horacio Rosatti, Lorenzetti y los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci. De esta manera, quedó suspendido el artículo 154 del decreto que establecía la derogación de la Ley 26.737.
El máximo tribunal suspendió los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, que eliminaba las restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
Antes de su presentación en el 62° Coloquio de IDEA, en Mar del Plata, Bullrich planteó: “Para qué vas a mandar un proyecto si todavía está en la Justicia”.
Tras la polémica por el fallo que dejó vigente el decreto de Milei, el máximo tribunal sostuvo que solo resolvió una cuestión procesal y advirtió que siguen abiertos otros expedientes para discutir la constitucionalidad del régimen.
Los especialistas sostuvieron que una eventual discusión legislativa futura debería diferenciar el capital privado o los fondos de inversión de los intereses de Estados extranjeros para proteger los recursos estratégicos.
La resolución judicial se conoció pocas semanas después de que el Gobierno retirara del Senado un capítulo de su proyecto sobre propiedad privada que contemplaba cambios vinculados con la adquisición de tierras por extranjeros.
El tribunal argumentó que la asociación civil que había solicitado la nulidad de ese artículo no contaba con la legitimación para hacerlo.
La presentación judicial se conoció en la antesala de las elecciones presidenciales, que se celebrará este domingo y en el que Lula buscará su reelección frente al candidato de la derecha dura, Flávio Bolsonaro.
Los magistrados rechazaron los recursos presentados por las defensas sin dar motivos, basándose en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial.
Además, la Corte dispuso correr traslado de la demanda al Gobierno de Formosa por 60 días. La administración provincial, que todavía no se presentó en el expediente, deberá responder durante ese plazo mediante el Fiscal de Estado.
El máximo tribunal sostuvo que los límites presupuestarios fijados por el Ministerio de Economía son insuficientes y pidió la transferencia de los remanentes de ejercicios anteriores y de los aportes previstos en la Ley 23.853.
La medida alcanza a todos los condenados en la causa Vialidad y habilita el avance de la ejecución patrimonial sobre más de un centenar de bienes.
La presentación rechaza particularmente el decomiso de 10 departamentos y 2 casas en Río Gallegos, además de varios terrenos situados en Lago Argentino.
Convocadas por ADUBA, APUBA y la FUBA, las clases públicas se instalaron en Plaza Lavalle para pedirle a los jueces de la Corte que fuercen al Gobierno de Milei a cumplir la ley del Congreso.
“Es falso”, sostuvo al ser consultado sobre presuntos vínculos entre él, o su padre Carlos Mahiques, y la cúpula de la AFA.
El escrito advierte que el Ejecutivo ignora fallos judiciales que ordenan la aplicación inmediata de esta ley.
El máximo tribunal desestimó el recurso extraordinario presentado por la Procuración del Tesoro.
El máximo tribunal desestimó los recursos presentados por los abogados de los condenados, mientras la Justicia bonaerense aún no define la situación definitiva.
El Gobierno confirmó su próxima instancia judicial: “interpondrá recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Sólo 62 de los 135 jefes comunales bonaerenses participaron del encuentro convocado por el gobernador Axel Kicillof para analizar el impacto de las medidas económicas nacionales.
El máximo tribunal rechazó recursos que fueron presentados en siete demandas y se deberán pagar resarcimientos a los damnificados por el trágico accidente que dejó 51 muertos y más de 700 heridos.
La administración de Javier Milei no acordó el monto y el máximo tribunal fijó una nueva audiencia para el 21 de abril.
Estuvieron con el funcionario Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, los tres miembros del máximo tribunal.
En una entrevista con LN+, afirmó: “Yo estoy a favor de las Sociedades Anónimas Deportivas”.
La empresa de refrescos fue condenada a pagarle 800 millones de pesos a un trabajador. Busca revertir en Nación un fallo desfavorable de la Suprema Corte de Mendoza.