Luego de que filtrara los chats donde los diputados coordinaban las visitas a los condenados por crímenes de lesa humanidad, la diputada libertaria volvió a recalentar la interna.
El Obispado de Zárate-Campana informó que no le renovó el permiso para desarrollar actividades pastorales en su distrito debido a “numerosas quejas fundadas por sus expresiones y actitudes que se oponían al testimonio cristiano”.
El Sumo Pontífice recibió a Anita Fernández, hija de una mujer que fue secuestrada cuando estaba embarazada de ella. En esa línea, se refirió a la visita de diputados libertarios a condenados por crímenes de lesa humanidad.
Fue a través de un retuit a un posteo del periodista Javier Negre. La foto de los diputados con Astiz.
La diputada libertaria habló sobre la visita de diputados oficialistas a ex represores de la dictadura militar. Aseguró que ella fue porque creía que se trataba de una “visita humanitaria” y que está decepcionada.
Desde la Provincia, manifestaron “preocupación” por la reunión que tuvieron legisladores nacionales oficialistas a militares condenados por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar.
Luego de que se informara la visita a Astíz y a otros militares que integraron la última dictadura, los legisladores afirmaron que van “al rescate del imperio de la ley” con “espíritu de justicia”.
A tres días del 24 de marzo, la Cámara Federal de Casación rechazó el pedido de prisión domiciliaria para el represor Bernardo Caballero y recordó que, de lo contrario, "se ingresaría nuevamente en un pasaje de impunidad".
A través de una carta les exigieron al presidente y a la vicepresidenta que “cumplan con las promesas” que hicieron.
En el pirulo de tapa del domingo publicaron la dirección de Luis Muiña, pero no se trataba del represor beneficiado por el 2x1 sino de un vecino con el mismo nombre, que recibió amenazas. Fuegos artificiales y la organización de un escrache equivocado producto de la irresponsabilidad de no chequear la información. El jueves ... Leer más
Son todos hombres que el Poder Judicial busca por haber sido autores, coautores, encubridores y partícipes necesarios en causas penales por delitos de lesa humanidad. El Estado ofrece recompensas de hasta 500 mil pesos para los que quieran aportar información. Ya pasaron 41 años del golpe militar de 1976 y aún quedan represores sueltos. ... Leer más
