La Corte Suprema de Justicia presentó este jueves por la tarde un amparo contra la provincia de Formosa para que permita el ingreso de los más de 7.500 formoseños varados luego del cierre de frontera dispuesto por el Consejo de Atención Integral de la emergencia por Covid-19. El Máximo Tribunal dio un tiempo de 15 días a la provincia gobernada por Gildo Insfrán para que habilite el ingreso de los varados que, desde hace ocho meses, no pueden volver a su provincia.

Amnistía Internacional ya había denunciado el accionar de las autoridades provinciales y el padecimiento de las casi ocho mil personas que debieron dormir en la ruta y, otros tantos, que quedaron a la intemperie en otras provincias por la falta de recursos para retornar.

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Así, el tribunal resolvió en su fallo: «Ordenar a la Provincia de Formosa que arbitre los medios necesarios de modo de garantizar el efectivo ingreso al territorio provincial, con cumplimiento de las medidas sanitarias que estime pertinentes, de todos los ciudadanos que lo hayan solicitado, dentro del plazo máximo de quince días hábiles a partir del día de la fecha».

Críticas

La administración formoseña fue criticada por las duras restricciones durante estos últimos meses, sobre todo cuando los casos repuntaron y el gobernador declaró que «el derecho a la vida está por encima del derecho a la libre circulación«, excusando su decisión sobre los varados con las restricciones provinciales impuestas.

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Por esto, el tribunal detalló en su postura: “Sin perjuicio de reconocer los propósitos de protección de la salud pública perseguidos por el Programa de Ingreso Ordenado y Administrado, lo cierto es que, en los hechos, las restricciones establecidas por las autoridades locales no superan el test de razonabilidad que establece el artículo 28 de la Constitución Nacional, al suprimir libertades individuales más allá de lo tolerable”.

Gabriela Neme, abogada de los varados, en diálogo con TN destacó que “para los formoseños es un día histórico y de mucha emoción: necesitamos justicia y respeto por los derechos humanos”. Al mismo tiempo, afirmó que la administración de Insfrán deberá “readecuar el sistema de ingreso y egreso de ciudadanos”.