La ONG Human Rights Watch elaboró un informe sobre el tratamiento del Covid-19 en la provincia de Formosa y reportó la existencia de «medidas abusivas» en la lucha contra la pandemia. El trabajo, que fue elaborado por HRG junto con la Universidad John Hopkins de Estados Unidos, concluyó que la prensa tampoco pudo desarrollar su trabajo en libertad.
«Desde abril de 2020, más de 24.000 personas han sido obligadas a permanecer confinadas en centros de aislamiento y cuarentena en Formosa, algunas por períodos mayores a los 14 días que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) y, en muchos casos, bajo circunstancias que podrían considerarse detenciones arbitrarias«, describe en su informe la organización internacional.
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Luego, agrega: «Las autoridades de Formosa han mantenido a algunas personas con resultados positivos de Covid-19 junto con otras que tenían resultados negativos o que seguían esperando los resultados de sus exámenes. (…) En ocasiones, el hacinamiento y las condiciones insalubres en los centros han dificultado el distanciamiento social«.
Human Rights Watch «entrevistó, por teléfono, a 45 personas en Formosa, incluidas 30 que habían estado confinadas en centros de aislamiento o cuarentena, así como a médicos, abogados, víctimas de abuso policial, periodistas, una legisladora y dos concejalas». Según explican en la investigación, «la mayoría de los entrevistados temen sufrir represalias en Formosa», por lo cual accedieron a dar su testimonio de manera anónima.
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Según revelan en el trabajo publicado en la página web de la asociación, «once personas entrevistadas dijeron que policías, en algunos casos acompañados de profesionales de la salud, los llevaron de sus casas en medio de la noche a centros administrados por la provincia, alegando como justificación que habían tenido contacto estrecho con algún familiar que había dado positivo».
Por otra parte, indican que «las autoridades también han arrestado a manifestantes que cuestionaron las condiciones en los centros de aislamiento«, y «han limitado la posibilidad de los periodistas de informar sobre la situación en Formosa, habrían usado fuerza excesiva contra las personas que protestaron por las restricciones excesivas por el Covid-19, y detuvieron y procesaron penalmente a algunas de ellas».
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Sobre la visita a la provincia para monitorear la situación por parte del secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla, HGR señaló que «aunque las autoridades de Formosa confirmaron a Human Rights Watch que habían establecido 188 centros de aislamiento y cuarentena en la provincia, el equipo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación solamente visitó 4 centros y entrevistó a personas que estaban confinadas en dos«. Además, explican que «en el Estadio Cincuentenario, el centro más grande, entrevistaron a personas encargadas de la atención sanitaria del lugar, pero no a individuos confinados allí».
A su vez, reprobaron la respuesta de la secretaría de Derechos Humanos tras las protestas del 5 de marzo, donde manifestantes fueron víctimas del uso de «fuerza excesiva» por parte de la policía de Formosa. En ese momento, Pietragalla condenó la “violencia ejercida por integrantes de la policía», pero también se refirió a la “permanente campaña de desprestigio llevada adelante por los medios hegemónicos de comunicación sobre el gobierno provincial”. Por eso, HGR determinó que «la respuesta de la secretaría no priorizó los derechos de las víctimas ni se centró en su rol principal de documentar las violaciones de derechos humanos durante protestas mayormente pacíficas».
Formosa: comunicado de la Secretaría de Derechos Humanos
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación repudia la violencia ejercida por integrantes de la policía provincial de Formosa sobre los manifestantes que se concentraron en la jornada de hoy frente a la Gobernación.— Horacio Pietragalla Corti ⭐️⭐️⭐️ (@pietragallahora) March 5, 2021
Al mismo tiempo, señalan que la dependencia de Pietragalla está sujeta al Poder Ejecutivo, y que el organismo independiente que «podría documentar y denunciar abusos» es la Defensoría del Pueblo, que «no funciona con normalidad desde 2013, cuando concluyó el mandato del entonces defensor adjunto». En ese sentido, recomiendan al gobierno del presidente Alberto Fernández «trabajar con el Congreso para designar a un defensor que asegure credibilidad, independencia y evaluaciones confiables sobre las condiciones de los derechos humanos en Formosa y en el resto del país».
Es escandaloso que Argentina no cuente con un Defensor del Pueblo hace más de una década.https://t.co/24NRGXZwVp
— José Miguel Vivanco (@VivancoJM) March 26, 2021
