El gobierno archivó el plan anunciado durante la gestión macrista para crear parque nacional en Campo de Mayo y ya planifica la creación de un Espacio de la Memoria en el histórico predio del Ejército: mientras tanto rastrilla parte del terreno con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en busca de tumbas clandestinas, como un primer paso para establecer luego un lugar dedicado a recordar a las víctimas del terrorismo de estado.

Pero si hablamos de parques nacionales desde hace semanas el Ejecutivo ha tenido que surfear varios problemas en este sector: hasta bien entrado marzo hubo incendios en reservas patagónicas como Los Alerces, en Chubut. Desde entonces, los guardaparques han reclamado mayores recursos en infraestructura para combatir el fuego y también aumentos salariales. Esas demandas fueron avaladas por quien hasta el último miércoles se desempeñaba como presidente de la Administración de Parques Nacionales (APN), Daniel Somma, que tuvo que abandonar su cargo a pedido del ministro de Ambiente, Juan Cabandié, con quien mantenía una disputa por “diferencias” en la forma de gestionar el organismo.

En este contexto, el titular de ATE, Hugo “Cachorro” Godoy dijo a #BORDER que “desconocemos las razones del pedido de renuncia por lo que le hemos pedido una audiencia a Cabandié. Sí sabemos que Somma desde los años 90′, cuando era delegado de ATE, realizó una tarea siempre en defensa de los parques nacionales y tenía buen vínculo con los con los trabajadores, pueblos originarios y apoyaba a los brigadistas en las luchas contra el fuego”.

Sin embargo, sorprendió el encuentro que el ministro de Ambiente mantuvo este jueves con el secretario gremial de ATE, Alejandro Garzón, en lo que pareció un gesto de distensión entre las partes. Es que durante la reunión, de la que participó el nuevo titular de Parques, Lautaro Erratchu (era jefe de gabinete del renunciado) se hizo un repaso sobre la situación del organismo y se avanzó “en la ampliación de derechos y erradicación de las desigualdades de los trabajadores”. Los tiempos, como ocurre en la política, siempre cambian.

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Prueba de ello es lo que decidió el Ejecutivo sobre Campo de Mayo: barrer con la idea que había planteado Mauricio Macri en marzo de 2018 de crear allí un parque nacional, pero que 6 meses después, debido a las críticas de los organismos de Derechos Humanos, trocó por un proyecto más conservador como lo fue la anunciada “Reserva Ambiental de la Defensa Campo de Mayo”.

Pero desde la Agencia Administración de Bienes del Estado (AABE), informaron que durante la anterior administración, nunca se firmó un expediente con el Ejército para la transferencia del predio y que diera inicio al proceso. Desde Ambiente, también confirmaron que nunca se inició formalmente el trámite administrativo. Ahora, con Alberto Fernández en Casa Rosada y Horacio Pietragalla en DDHH, el proyecto se canceló e incluso en mayo de 2020 se anunció la construcción del Sitio de Memoria “El Campito” en el espacio que ocupaba un ex Centro Clandestino de Detención.  

“Es un camino que lleva tiempo, estamos en el proceso, para llegar hasta ese nivel y en futuro a un Espacio de la Memoria, que es otra etapa. Comenzamos vuelos para corroborar que no haya habido enterramientos clandestinos, buscando movimientos de tierra. Y hasta que no concluya este análisis no se puede realizar ningún proyecto sobre ese espacio físico”, explicó un vocero de la actual Secretaría de DDHH de la Nación.

Fue así que el 18 de enero, un avión equipado con un equipo de escaneo terrestre sobrevoló aproximadamente las 5 mil hectáreas de Campo de Mayo y la zona anexa conocida como “Plaza de Aguas”. Los datos recolectados son analizados por el EAAF, con la asistencia técnica de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata. El objetivo del proceso es establecer la existencia o no de enterramientos clandestinos de detenidos-desaparecidos dentro del predio luego de la información brindada por sobrevivientes en el marco de las audiencias de la Megacausa judicial de Campo de Mayo.  

En una primera etapa el análisis del terreno se centrará en la superficie de 10 hectáreas donde funcionó el Centro Clandestino “El Campito”. En una segunda instancia se relevará la totalidad de la unidad militar, que involucra un terreno anexo que fue vendido en 1978.

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Hace un mes, en tanto, la ex Onabe formalizó un convenio con la provincia de Neuquén con la entrega de 4 hectáreas para crear un Espacio de la Memoria en un predio del Batallón 181 donde funcionaba el centro de torturas denominado “La Escuelita”. Ese terreno había sido cedido en 2018 por el entonces Ejecutivo macrista al organismo de Jefatura de Gabinete pero recién hace semanas se formalizó el entendimiento.