Tras varios allanamientos en diversos domicilios y sedes de organizaciones sociales ordenados por el Ministerio Público de la Acusación y el fiscal Diego Funes, se desprendió que estas agrupaciones planeaban realizar una serie de ilícitos en la provincia y, entre ellos, posibles atentados.

Según data en la investigación fiscal conducida por la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y contra la Administración Pública Nº2 liderada por el fiscal Funes, se encontró un escrito en el que mencionan específicamente la realización de «atentados» en la provincia norteña.

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Los allanamientos se realizaron con otros fines hace dos semanas, debido a la investigación de extorsiones y la conformación de una asociación ilícita. Pero en esta acción se encontraron estos escritos incriminantes a los que el fiscal catalogó como lo que sería «otro delito».

«Se encontró documentación donde hay manuscritos con un plan de acción. Se menciona concretamente la palabra ‘atentados'», dijo en rueda de prensa Funes, y detalló: «Esto será motivo de una pericia caligráfica para ver quienes realizaron estos escritos».

Los denunciantes de estas organizaciones que serían Nuestra América, Evita, Llankaj Maku, MTE, FPDS-CP y FOL comentaron que eran extorsionados por sus dirigentes, y que los amenazaban con quitarle los planes sociales si no realizaban aportes o si no asistían a las marchas.

Los militantes y dirigentes de estas agrupaciones realizaron declaraciones a los medios luego de estos allanamientos y desmintieron las acusaciones. «Hasta el día de hoy no se tiene claridad en calidad de qué están investigando a las personas y organizaciones, los allanamientos fueron irregulares«, señalaron.

Sebastián Fernández, del FOL, afirmó que todo el procedimiento fue irregular, y agregó: «Realizaron allanamientos sin que hayan personas imputadas, anoche notificaron a varias personas allanadas que se presenten con perito de parte sin garantizar ni siquiera las 24 horas de anticipación que está establecido por ley».

Las declaraciones del fiscal

Si bien por el momento no hay demorados ni imputados, según confirmó el fiscal Funes, la causa está avanzando de modo constante. En estos momentos, se está extrayendo información de celulares de los organizadores que fueron confiscados en los allanamientos.

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«No hay demorados, ni tiene restricciones a su libertad. Tampoco hay imputados formales que se les haya promovido acción penal de la fiscalía», dijo Funes, quien sí señaló que hay personas sindicadas como posibles autores del delito de extorsión.

También detalló que de llegar a comprobarse la culpabilidad, las condenas de estos delitos suelen ser cinco años de prisión como mínimo.

En cuanto a las declaraciones de los supuestos damnificados, especificó: «Hasta ahora lo que se analizó corrobora la existencia de una cierta obligatoriedad para concurrir a las marchas, y un control muy exhaustivo en los que van, con planillas de asistencia y el conteo de las horas donde ingresaban y se retiraban».

En referencia a los aportes que supuestamente obligaban a realizar a sus militantes, el fiscal Funes confirmó: «Hay un aporte periódico de las personas a las organizaciones». Pero, asimismo, admitió que lo que debe confirmarse en que lo hacían porque los obligaban y extorsionaban: «Debemos determinar que lo hacían con una libertad afectada, es decir que no prestaron su voluntad para hacerlo«.

Por el momento el hallazgo de los escritos en el que planificaban los atentados es reciente. Por este motivo todo aún está en etapa de investigación y a la espera de la información que se pueda obtener de la tecnología secuestrada en los allanamientos.

 

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