Alberto Fernández firmó el decreto 728 en el cual beneficia de manera directa a las cooperativas de trabajo que dependen de los movimientos sociales oficialistas. En el mismo explican que, toda obra pública que no supere el monto de 300 millones de pesos le será otorgada «bajo la modalidad de contratación que corresponda» a los movimientos sociales que sean beneficiarios de algunos programas como Potenciar Trabajo.
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Con este decreto desde Nación pretenden movilizar y aumentar el trabajo formal: «Es fundamental para el Gobierno Nacional impulsar políticas que generen empleo genuino, para lo cual es necesario adoptar medidas para atender y prevenir la vulnerabilidad laboral, cuyas consecuencias más visibles son, entre otras, la indigencia, la pobreza y la exclusión social», explican desde el Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario.
Según trascendió este decreto se realizó en consecuencia de los reclamos de los principales referentes de los movimientos sociales que a su vez ocupan cargos como funcionarios en importantes ministerios como Desarrollo Social y Trabajo. En relación al piso del monto dictado por Alberto Fernández, este se actualizará «conforme lo disponga la autoridad de aplicación, y tomando como indicativas las especialidades de dichas cooperativas», explica el artículo 4º.
También, en el mismo decreto, en el artículo 6º, afirman que dejarán de sumar beneficiarios a diversos planes sociales, entre ellos, Potenciar Trabajo y Plus Esencial: «Dispónese que a partir de la entrada en vigencia del presente decreto no podrá ampliarse el número de titulares de los siguientes programas: PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSIÓN SOCIO-PRODUCTIVAY DESARROLLO LOCAL ‘POTENCIAR TRABAJO’; ‘POTENCIAR INCLUSIÓN JOVEN’, ‘NEXO’ y ‘PLUSESENCIAL'», medida que ya había sido adelantada por la nueva ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz.
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Esta medida firmada por el presidente, Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el ministro de Economía, Sergio Massa; la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; ministra de Trabajo, Raquel Cecilia Kismer de Olmos y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, comenzó a regir este viernes 4 de noviembre y avanzó de tal forma para evitar los debates y la pérdida de tiempo en épocas electorales en el Congreso.
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Por otro lado, con respecto a qué tipo de obra pública se les adjudicarán a las obras sociales, teniendo en cuenta que para realizar varias de ellas se necesita experiencia y preparación, dos dirigentes de movimientos sociales se adelantaron y declararon que comenzarán con «obras pequeñas». Según explicó Gildo Onorato, dirigente del Movimiento Evita y secretario de la UTEP y Daniel Menéndez, coordinador nacional de Somos Barrios de Pie, y subsecretario de Políticas de Integración y Formación de Desarrollo Social: «El decreto es una forma de dar vuelta la página de los planes y transformarlos en trabajo genuino. Se fortalecen los esquemas que tienen que ver con la entrega de maquinarias y herramientas que otorga el ministerio de Desarrollo Social vinculados con la obra pública de pequeña escala que no requieren grandes maquinarias”, explicaron a Infobae los dirigentes y detallaron que las cooperativas sociales accederán a «obras pequeñas que tienen que ver con refaccionar edificios públicos, la urbanización de barrios, trabajos de albañilería, de alcantarillado».
Por lo plasmado en el decreto publicado este viernes en el Boletín Oficial, se entiende que las cooperativas de «economía popular» participarán en obras vinculadas, sobre todo, a la urbanización de los asentamientos inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaap).
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