Una causa penal iniciada hace nueve años en la ciudad de La Plata que generó un cimbronazo político en el país está por llegar a su culminación en la etapa de primera instancia con un pedido de detención y seis años de prisión para Mariano Bruera, hermano del exintendente platense Pablo Bruera, como integrante de una asociación ilícita que pedía coimas para autorizar la venta de terrenos a beneficiarios del plan de viviendas Procrear, según se desprende de los documentos judiciales a los que accedió #BORDER.
En el año 2014 el plan de créditos para construcción y refacción de viviendas estaba en pleno auge. “Había mercado para hacer buenos negocios para todos”, dijo el denunciante Guillermo Andreau a quien desde oficinas municipales le solicitaron 220mil dólares para que sus tierras puedan ser loteadas y vendidas a beneficiarios del Programa de Crédito Argentino. Al día siguiente de escuchar el pedido de soborno, fue hasta la exfiscalía de Delitos Complejos (UFIC) de la capital bonaerense y denunció la extorsión.
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Tras un largo recorrido el expediente finalmente llegó a juicio. Durante el debate oral la fiscal de juicio Victoria Huergo expuso tres evidencias de alto impacto que generaron todo tipo de comentarios en los pasillos de la política bonaerense. Primero fue una planilla Excel secuestrada en el marco de uno de los allanamientos. En ese documento se detalla el monto a percibir por cada integrante del Concejo Deliberante de La Plata para aprobar los expedientes de rezonificación de tierras. “Se trató de una organización contable para pedir coimas”, alegó ante los jueces.
Las otras pruebas claves son dos escuchas telefónicas entre el exfuncionario municipal condenado Roberto Moreno y Mariano Bruera. En la primera se lo escucha al hermano del exintendente ordenarle a su interlocutor que salga a “pasar la gorra” y que él “sigue bancando todo”. En el otro audio entre los mismos protagonistas el hermano del exintendente le propone “hacer una jugadita”. Con estos dos audios (y otras pruebas) ya fueron condenados en juicio abreviado el mencionado Moreno y Christian Ybarra por asociación ilícita entre otros delitos.
Para la acusación existió una «organización estructurada que rendía dividendos llegando a las más altas esferas» de la administración municipal. Para ello, usaron el Código de Planeamiento Urbano al que modificaron para poder aprobar modificaciones por decreto sin pasar por el Concejo Deliberante. «Se valieron de una herramienta legal con fines ilícitos», alegó.
Para la fiscal, se trató de un negociado con «cifras millonarias en dólares que nunca pudo ser un negocio exclusivo de los segmentos más bajos de la Municipalidad». Los casos de corrupción son «estructuras enquistadas en las administraciones públicas de casi todo el país», disparó la representante del Ministerio Público y recordó que «nadie pudo identificar que hacía Mariano Bruera en la gestión» al tiempo que lo señaló como una de las «máximas personas de confianza del entonces intendente Pablo Bruera». Tenía el cargo de secretario de Relaciones Interjurisdiccionales.
Junto al hermano Mariano son juzgados el exsecretario de Gestión Pública, Enrique Sette, sobre quien recayó un pedido de condena a 8 años de prisión; el exdirector de Obras Particulares Gustavo Petró, con un requerimiento de 4 años de cárcel y del empresario Gustavo Orlandi, procesado por el presunto pago de un soborno de 10mil dólares por la regularización de media hectárea en la localidad de City Bell.
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Para la acusación los tres exfuncionarios juzgados y los dos que ya fueron condenados conformaron una “maquinaria ilegal destinada al cobro de coimas” ya que “era casi imposible” que en la municipalidad de La Plata se aprobaran expedientes de rezonificaciones de tierras “sin el pago” de un soborno ya que “solo tenían resolución favorable los que pagaban la coima”.
CONTEXTO DE EXPEDIENTE
Julia Martínez fue la instructora judicial del expediente. En su primera declaración confirmó que en el año 2014 junto al fiscal Jorge Paolini le tomaron la denuncia a Guillermo Andreau y dio más detalles de las escuchas telefónicas. «Moreno y Bruera hablaban en claves como ‘pasar la gorra’, ‘hacer una jugadita'», explicó la funcionaria judicial, para luego rememorar que en otra intervención realizada sobre el celular del fallecido Raúl Moratti éste le decía a una mujer que quería rezonificar tierras: «Si tenés algún tema directo yo trabajo con (Enrique) Sette, si tenés algo más gordo lo hablo con Mariano Bruera».
Durante la investigación se allanaron varias oficinas del Palacio Municipal. En el despacho de Moreno se secuestró el expediente de rezonificación de media hectárea que había iniciado el acusado Orlandi a quien le pedían 10.000 dólares de soborno. En una escucha entre Moratti e Ybarra se oye: «Le vamos a hacer una rebaja». El empresario está señalado por «cohecho activo», es decir, pagar un soborno.
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En otra intervención sobre el teléfono de Moreno se estableció que Gustavo Petró lo consultaba «por rezonificaciones». Petró fue director de Obras Particulares, cargo al que renunció en diciembre de 2013, pero según refirieron trabajadores de esa oficina «seguía cumpliendo funciones, iba todos los días a su oficina». Por esa escucha y esos testimonios es que está acusado de «asociación ilícita».
Los allanamientos y las escuchas telefónicas son dos de las herramientas que tienen los investigadores para avanzar en las denuncias de casos de corrupción. Una de las dudas que flota en esta investigación es por qué el fiscal Paolini no pidió la intervención del teléfono de Mariano Bruera. Esa pregunta fue realizada por uno de los jueces del tribunal a la testigo Martínez que dio una respuesta para el asombro: «Con la negativa de juez a la prórroga de las escuchas telefónicas en marcha al teléfono de Moreno interpretamos que no iba a ordenar la intervención de los teléfonos de Sette y Mariano Bruera», recordó la funcionaria judicial.
Luego de esta causa y por orden del Procurador General bonaerense Julio Marcelo Conte-Grand se disolvió la fiscalía especializada en delitos de corrupción. El argumento fue que todas las fiscalías estaban capacitadas para instruir causas complejas. Lo concreto es que en la capital de la provincia de Buenos Aires donde se investigan los casos de presunta corrupción política se quedó sin una oficina especializada en perseguir el delito de guante blanco.
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