El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, propuso una modificación del Código Contravencional con distintas artículos que endurecen las penas contra quienes «difundan, publiquen, distribuyan , faciliten, cedan o entreguen imágenes, grabaciones o filmaciones de carácter íntimo, sin el consentimiento de la persona, a través de cualquier tipo de comunicación electrónica».
Entre una de sus modificaciones, se plantea la «sanción con arresto de hasta veinticinco (25) días o multa de hasta veinticinco (25) días el que creare o difundiere noticias falsas, sabiendo que lo son, dentro del espectro digital, con el fin de infundir pánico, desacreditar personas o autoridades oficiales o generar desórdenes o tumultos», establece el artículo 50, uno de los más criticados por la oposición.
El proyecto ya tiene media sanción en la legislatura provincial e incorpora un nuevo título sobre la Identidad Digital de las Personas, que se detallan en las modificaciones de los artículos 46, 47, 48, 49 y 50 del Código.
Sofía Sierra, única diputada del PRO en la provincia, aseguró que el artículo «es totalmente inconstitucional y muy peligroso para la democracia».
Y detalló que busca «blindar a funcionarios públicos, ya que va en contra de los estándares de libertad de expresión que establece la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los Derechos Humanos”, en referencia al fragmento que menciona la desacreditación de las autoridades oficiales.
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Proyecto Código Contravención- Título 1 Identidad Digital by Border Periodismo on Scribd
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La iniciativa propone un intento por parte del gobierno de coartar la difusión de ciertos contenidos que incomoden al poder, por lo que Sierra denunció en plena sesión «que en medios locales los periodistas que llevan invitados que critican políticas de gobierno reciben llamadas de funcionarios para pedir que corten el tema o los sacan del aire», detalló.
«En este gobierno hay funcionarios que amedrentan a los ciudadanos. Estamos siendo amedrentados», aseguró.
El oficialismo salteño agregó este artículo en medio de los que sancionan la divulgación de imágenes íntimas de una persona sin su consentimiento, lo que se conoce como «porno venganza». Algo que lamentaron algunos legisladores de la oposición, ya que les parecía incompatible votar la reforma de paquete completo, donde se incluye el polémico artículo 50.
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