El proyecto de ley que presento el gobierno de Javier Milei al congreso de la Nación cuenta con diferentes apartados que buscan generar profundos cambios estructurales, el proyecto dedica parte de su tercer capítulo a la actividad pesquera nacional. Propone liberar las aguas tradicionalmente reservadas a pesqueros de bandera argentina.

Aunque el gobierno dio marcha atrás con su medida de eliminar la ley de cabotaje marítimo, que reserva el transporte de cargas entre puertos argentinos a buques de bandera nacional, ahora da un giro abrupto con una medida impacta directamente contra el sector pesquero, que se vería afectado si la ley se aprueba.

El artículo 245 del proyecto entregado por el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. “Para el otorgamiento de los permisos de pesca, la autoridad de aplicación solo podrá verificar los requisitos técnicos y de seguridad de los buques. Los permisos no podrán tener un tratamiento diferencial por el origen de los buques, su antigüedad o la mano de obra que empleen; ni por las características de las empresas titulares de los buques”.

Esta normativa, reemplazaría en el caso de ser aprobado el proyecto al artículo 24 de la ley 24.922 (Régimen Federal de Pesca) que reserva la explotación de los recursos vivos marinos dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (desde la costa hasta 200 millas marinas mar adentro) a personas físicas o jurídicas constituidas en el país de acuerdo con la normativa nacional vigente.

Es decir que bajo la normativa vigente, para ejercer actividades de pesca comercial en aguas nacionales, la norma indica que los buques deben pertenecer a empresas radicadas en el país con buques que poseen el pabellón nacional y tripulados mayoritariamente por marinos argentinos. De aprobarse la normativa que plantea la “ley Ómnibus” habría un gran cambio de paradigma, ya que no se guardaría el derecho exclusivo de extracción para sí mismo dentro de las 200 millas.