El fallo del  juez federal de Rawson, Hugo Sastre, en el conflicto entre el presidente Javier Milei y el gobernador Ignacio Torres de Chubut, muestra un poco de sentido común, en un marco generalizado de agresiones y reclamos. La resolución del magistrado insta a los «representantes del pueblo» a dialogar para lograr acuerdos, en el marco de la convivencia republicana.

El juez Sastre fue prudente: si bien le exigió al gobierno federal abstenerse de retener más fondos de coparticipación a Chubut, no obligó al Estado Nacional a devolver los 13.500 millones de pesos ya retenidos, dejando abierta la puerta al diálogo entre ambas partes para resolver la disputa sobre la deuda provincial. El fallo es un llamado al entendimiento en un escenario de  confrontaciones públicas que llevó a formar un bloque de gobernadores patagónicos que amenazó con limitar el abastecimiento de petróleo.

El contexto político y económico en Chubut es complejo. La provincia tiene una enorme deuda, que se comprometió a saldar con los fondos de coparticipación, y que tras la decisión del gobierno nacional de retener esos fondos, quedó sin poder de acción. Ante esta situación, Torres pidió al gobierno el aval para tomar deuda, algo que también fue rechazado por el ejecutivo nacional.  Esa negativa,  aparentemente motivada por represalias políticas, contribuyó a exacerbar el conflicto y a polarizar aún más la situación.

Es importante reconocer que el diálogo es una condición fundamental en política, y que ningún conflicto se resuelve satisfactoriamente sin un compromiso genuino de todas las partes involucradas. El caso de Chubut no es una excepción: tanto el gobierno federal como el provincial deben sentarse a la mesa de negociaciones con la voluntad de encontrar soluciones consensuadas y poner fin a esta disputa que solo perjudica a los ciudadanos.

Además, es fundamental considerar el contexto económico y fiscal de las provincias argentinas, muchas de las cuales enfrentan dificultades financieras debido a la recesión económica y la caída de los ingresos fiscales. La distribución de la coparticipación también entró en debate –y será seguramente materia de análisis del gabinete de Milei–, con acusaciones de dependencia excesiva de estos ingresos por parte del gobierno nacional y con reclamos de mayores porcentajes, por parte de las provincias.

En este sentido, es necesario replantear el sistema de coparticipación y explorar alternativas que garanticen una distribución equitativa de los recursos, teniendo en cuenta las necesidades y realidades específicas de cada provincia. Quizás sea el momento de considerar la creación de regiones en lugar de tantas provincias, como una forma de optimizar la gestión y la administración de los recursos públicos.

En última instancia, el llamado al diálogo del juez Sastre es una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la colaboración y el consenso en la política argentina. Solo a través del diálogo constructivo y el compromiso mutuo se podrán encontrar soluciones duraderas a los desafíos que enfrenta el país. Es hora de dejar de lado las confrontaciones estériles y trabajar juntos por el bien común.