La lucha contra la corrupción y contra el narcotráfico intentó ser una bandera del gobierno de Mauricio Macri. Aunque ha habido avances innegables tanto en causas y hasta en condenas a personajes relevantes del mundo político, el recupero de activos no ha tenido el ritmo pretendido. Trabas jurídicas históricas, en el país y más aún en el exterior, han demorado el cobro por parte del Estado de lo ilícito lavado o lo directamente robado.

Según un relevamiento oficial de la Unidad de Información Financiera (UIF), entre 2018 y lo que va de 2019, se mantienen embargos contra imputados y condenados por $519.554.476.560 -léase 519 mil millones de pesos– o su equivalente: 8.890.386.320 dólares -léase 8.890 millones de dólares. Sin embargo, de esa estrafalaria cifra que potencialmente podría ser recuperada sólo se ha podido avanzar en 640.468.954 pesos en efectivo, o su equivalente: poco menos de 11 millones de dólares a la cotización actual.

La cifra parece totalmente desalentadora: el Estado pudo recuperar apenas el 0,12 por ciento de lo que presume ilegal y mantiene custodiado. Y así y todo, el monto es por lejos el récord histórico de recuperación de capitales de origen mafioso.

Así y todo, los datos suponen el primer relevamiento aproximado a las cifras que el Estado le reclama a corruptos y narcos. El informe de la UIF implicó un esfuerzo de dimensiones, en lo interno, cuando los equipos de comunicación que dirige Mariano Federici debieron poco más que perseguir a sus propios abogados para que informaran de cierta manera cuantificable las acciones en los distintos juzgados. Y las acciones fueron aún más conflictivas en el exterior, donde estados de distinto calibre institucional, del suizo al de países caribeños, ponen trabas a un avance a un objetivo diluido.

Cabe la pena citar algunos ejemplos. En 2014 se denunció el funcionamiento de un prostíbulo encubierto detrás de lo aparentaba ser una parrilla sobre la avenida Córdoba, llamada Río Cabañas. La causa terminó en condenas a los dueños por trata de personas y forzar a mujeres a la prostitución, pero los dineros generados por la actividad ilegal aún están en una cuenta detectada en Suiza con un millón de dólares que desde el país europeo más celoso con su secretismo bancario se resisten a repatriar.

Con cuentas detectadas al clan Báez en Bahamas, en cambio, al menos la UIF pudo avanzar en sostener el embargo de aquellos 4 millones de dólares cuya detección derivó en la detención de Martín Báez, acusado de movilizar esos fondos cuando la causa de la ruta del dinero K ya había congelado cuentas en Europa. El dinero se mantiene quieto sólo por un acuerdo de la UIF y el juez caribeño que respondió en Bahamas a las normas de lucha contra el lavado, a pesar de los intentos de la defensa de los Báez para reclamarlos.

En Uruguay, bajo control de la justicia local, están los 7,5 millones de dólares que escondía el sindicalista Marcelo Balcedo en distintas cajas de seguridad de financieras uruguayas, además del efectivo, las propiedades y la flota de autos de lujos que se ventilaron en aquel escándalo que hace un par de años tomó notoriedad. Y que aún no hubo manera de lograr que la justicia uruguaya devolviera esos fondos ni se nota ninguna intención de hacerlo en algún momento.

En el Caribe también está gran parte de los casi 75 millones de dólares que lavó primero en Miami y Nueva York Daniel Muñoz, el ex secretario de los Kirchner, y que luego su esposa Carolina Pochetti confesó invertidos en terrenos de las islas Turks y Caicos. Fondos aún sin recuperar.

Parte de los bienes lavados por Muñoz y su red de testaferros en Argentina, en cambio, fueron decomisados por la Justicia y comenzarán ser rematados por la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que tasó un par de cocheras en 1,9 millones de dólares, además de poco más de medio millón más en un departamento del testaferro Sergio Todisco en Puerto Madero. 

En Miami se da un caso insólito: un departamento y un barco que se le decomisaron al arrepentido financista Ernesto Clarens son de los primeros bienes que deberían haberse liquidado. Pero hasta el propietario debió pedir que el trámite se apurara, preocupado por la acumulación de deudas que esos bienes congelados le podrían generar. Aún no hubo acuerdo para el remate.

Y en México impiden acceder a cuentas que serían del hijo de Raúl Martins, acusado de manejar redes de trata, vinculado a los servicios de inteligencia e investigado en el juzgado de Sebastián Casanello.

Hasta 2018, la UIF logró obtener un total de 26 sentencias condenatorias por el delito de lavado de activos que implicó condenas para 75 personas. Y en juicios aún en marcha, se acumularon embargos y medidas cautelares para proteger bienes presumiblemente de origen ilícito por  $519.554.476.560. 

En esos números se suman el congelamiento de cuentas de las empresas de la ex presidenta y candidata Cristina Fernández de Kirchner y los 4,6 millones de dólares encontrados a su hija Florencia en una caja de seguridad. La UIF es querellante en esa causa con juicio próximo, que acumula 1,673 millones de pesos en embargos a personas y 736 millones a empresas involucradas en una presunta asociación ilícita. Y en otra causa que apunta a CFK, la UIF logró congelar los bienes de la empresas que controlan el hotel Waldorf, comprado por el presunto testaferro de la familia Kirchner, Osvaldo Sanfelice.

Pero la causa que más embargos acumula es otra que también tiene acusada a Cristina, junto a gran parte de su ex gabinete y a la mayoría del empresariado argentino: la de los Cuadernos, que en suma mantiene embargos por 184.030 millones de pesos, superando los 180.000 millones embargados en una megacausa que se tramita en los juzgados de Lomas de Zamora e investiga el lavado de dinero del narcotráfico mexicano en inversiones en Nordelta y los 125.900 millones embargados en una causa que investiga contrabando a través de las famosas DJAI.

El organismo antilavado mantiene desde 2018 otras 6 causas en similares instancias judiciales como querellante y proyecta que para fines de este año, lo será en un total de 23 juicios, como ya lo fue en las condenas contra ex funcionarios como José López o Amado Boudou.  

Además de un decreto presidencial a favor del recupero de activos, la UIF pudo aplicar la figura del decomiso sin condena que ya regulaba el Código Penal en el art. 305 en causas de lavado y así hacerse, en 2018, del decomiso de 3 inmuebles, una veintena de vehículos y efectivo:

• 754.630 euros (50.024.423 pesos)
• 6.410.134 dólares (374.608.231 pesos)
• 242.509 pesos

Además, en 2018, la UIF cobró multas por 11.935.000 pesos y otros 369.880 en concepto de regulaciones de honorarios a favor en juicios. Y aplicó embargos o cautelares sobre 123 vehículos y 19 inmuebles.

Tan complejo ha sido para el propio Estado relevar sus acciones que la UIF pudo sólo publicar los datos de 2018. #BORDER pudo acceder a los valores decomisados que van desde enero a septiembre de este año y los publica en exclusiva.

Con las acciones del organismo, se recuperaron 13 inmuebles y 12 vehículos -incluidas dos motos- y 790 mil dólares en procesos que aún no tienen condena. Causas de narcotráfico como “Carbón Blanco”, una nueva sentencia contra Miguel Ángel “Mameluco” Villalba -el traficante que quiso ser intendente de San Martín- o algunas importantes investigaciones de lavado en provincias del norte aportaron la mayoría de los decomisos que se consiguieron con condenas:

• 1.845.930 dólares (107.876.149 pesos)
• 373.945 euros (24.788.814 pesos)
• 8.315.586 pesos
• 137 vehículos
• 27 predios (incluidos un instituto escolar en La Candelaria, Misiones, y el complejo turístico Tangará, en Montecarlo, en la misma provincia; uno en Entre Ríos, otro en Corrientes, 7 en San Juan y 16 en la provincia de Buenos Aires).
• 62 inmuebles (3 en Mendoza, 23 en la Ciudad de Buenos Aires, 40 en la provincia de Buenos Aires, 2 en Misiones y en Corrientes, y 1 en San Luis y en Santa Fe).

Entre embargos y decomisos, el Estado pasó a controlar el destino de 292 vehículos y 124 propiedades inmuebles nuevas entre 2018 y lo que va del 2019. Muchos bienes esperan remates, como el avión de Lázaro Báez. Algunos intentaron utilizarse para otros organismos del Estado, como el yate de Ricardo Jaime en Prefectura o las maquinarias de Austral Construcciones en Vialidad. Y muchos otros esperan en un limbo, bajo el control de organismos tan disímiles como Gendarmería, municipios o el AABE. El dinero efectivo se mantiene en cuentas en bancos públicos abiertas por juzgados. Y muy poco ha tenido un destino.

Entre los que sí están esos 790 mil dólares que recuperó el Estado sin necesidad de una condena: son los billetes de la valija de Antonini Wilson. Fueron destinados a la construcción de jardines de infantes. Uno de ellos ya funciona en Oberá, Misiones. Otro se construyó en Tafí Viejo, Tucumán, pero las autoridades locales no lo habilitan y nadie lo usa. 

Las trabas para recuperar lo robado llegan hasta las puertas de los jardines para niños.