Actualmente las cárceles tienen una superpoblación del 100 por ciento y las comisarías bonaerenses alcanzan el récord histórico de detenidos en más de 15 años. Sin embargo, la discusión sobre el hacinamiento en los centros de detención y el riesgo sanitario que esto significa no volvieron a ser parte de la agenda del gobierno.

Para el coordinador del equipo de Política Criminal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Manuel Lanziano, no hay una “coordinación entre los tres poderes del Estado”. Es en este sentido que aseguró que a pesar de que “hubo un reconocimiento explícito” por parte de la Suprema Corte de Justicia de la “situación crítica” en las cárceles y comisarías por la pandemia eso no derivó en “ninguna medida concreta” que, entre otras cosas, evite la superpoblación.

“Mientras las autoridades del Poder Judicial sigan utilizando como única respuesta ante la demanda social de seguridad la prisión efectiva, es muy difícil considerar soluciones”, agregó en este sentido el integrante del CELS, y remarcó la falta de “consenso” con el Poder Legislativo para realizar “reformas” que no solo “descompriman el sistema penitenciario”, sino que también “puedan garantizar la seguridad de los ciudadanos”.

Como consecuencia de esto, para Lanziano, hay un Poder Judicial “que no hace mas que detener sin ninguna contemplación sobre como está el sistema (penitenciario)”, y por otra parte, un Poder Ejecutivo “incapaz de cumplir con las demandas de derechos que implica la cantidad de gente que está detenida”.

Poco después de los motines, el Ministerio de Salud publicó unas «recomendaciones para la atención y cuidado de la salud de personas en contexto de encierro y sus trabajadores en el marco de la pandemia”. Sin embargo, su aplicación es prácticamente imposible. De acuerdo con el integrante del CELS, como mínimo, se requiere un 26 por ciento de cupos libres para “empezar a pensar en una administración de una situación con estas características”.

El Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF), concentran la mayor parte de la población carcelaria (aproximadamente, el 60 por ciento). Para el 30 de abril de este año, la cantidad de personas en cárceles y alcaldías de Buenos Aires era de 42 mil, mientras que las plazas disponibles sólo alcanzaban las 21 mil. “Si tenemos un Servicio Penitenciario Bonaerense que tiene un 200 por ciento de ocupación es muy difícil de tomar medidas estructurales”, detalló a #BORDER el referente de Política Criminal sobre la superpoblación en las

Las comisarías de la Provincia

La consecuencia directa de la superpoblación es que las comisarías se usan como lugares de detención. En abril de 2020, había 4 mil personas detenidas en la dependencias policiales bonaerenses. En el mes de junio, esa cifra llegó 5.100 y actualmente, ronda las 5.300 personas.

Que las comisarías se usen como centro de detención no es novedad, es un problema de hace décadas que no se ha resuelto. Sin embargo, en estos últimos dos meses, alcanzó límites históricos. La última vez que se registró a tantas personas en comisarías fue en 2005. Fue en ese momento que ocurrió lo que se conoció como el “fallo Verbitsky”. La Corte Suprema declaró que era inconstitucional el alojamiento de personas en esos espacios. Gracias a esto, se redujo la cantidad de detenidos en establecimientos policiales a 875.

Sin embargo, 15 años pasaron y los números son similares al techo histórico, con la diferencia de que ahora el país atraviesa una pandemia cuyo número de contagiados no deja aumentar. De acuerdo con el abogado penalista Dardo Vissio, en la actualidad es “fácticamente imposible” aplicar lo sancionado en aquel fallo, ya que los detenidos pasan periodos de “hasta 6 meses en una comisaría” hasta que se libere un cupo dentro de una Unidad Penal, y en caso de que ese cupo no aparezca, se procede a “trasladarlo a otra comisaría”.

“Hay comisarías en las que tenés 40 personas en espacios de 4 metros cuadrados. No hay patio, hay baños compartidos y un contacto constante con el exterior. Las malas condiciones de las dependencias policiales no son un problema solo para las personas detenidas, sino también para los policías que tienen que llevar adelante la custodia”, detalló Lanziano a este medio.

En un intento de solucionar la situación de superpoblación y evadir la posibilidad de otorgar prisión domiciliaría a los detenidos por delitos leves, sin condena fija o cumplida, el ministro de seguridad bonaerense, Sergio Berni, propuso a fines de febrero derivar a las personas alojadas en comisarías en unos contenedores acondicionados para ese rol.

A pesar del rechazo que recibió esta propuesta por parte de varios organismos de Derechos Humanos pertenecientes a la Mesa Interinstitucional de Diálogo que el gobierno mantiene con estas agrupaciones, Berni había asegurado el 28 de febrero que “la semana que viene” iban a estar inaugurando el primero de dichos “containers” en La Matanza y en La Plata. Sin embargo, no han habido noticias de ninguno de esos dos proyectos desde entonces.

La voz de los presos

Simón César es una persona que conoce como pocas lo que es vivir en una cárcel. Durante diez años, cumplió su condena en el penal de Olmos, y entre otras situaciones, le tocó pasar allí la gripe aviar de 2005. Aún mantiene contacto con varios de los detenidos, y por lo tanto, sabe de primera mano como se las apañan en la Unidad Penal. “Están desesperados”, adelantó.

Fue en este sentido que relato a #BORDER como al inicio de la pandemia “fueron los propios presos quienes decidieron cortaron las visitas” debido al riesgo que existía a que el Covid-19 ingresara al complejo carcelario. “Saben que si entra (el coronavirus) no queda nadie”, explicó César.

Sin embargo, han pasado más de 110 días desde que tomaron esa decisión de aislarse, y la situación es crítica como consecuencia de la escasez de alimentos y otros insumos que los presos recibían de sus visitas. A eso se le suma la cada vez menor presencia del personal penitenciario: “Hay cada vez menos guardias porque a los que tienen síntomas los aíslan, los muchachos se ríen y dicen que van a terminar vigilando ellos la cárcel a este paso”, bromeó el entrevistado.

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