Con sorpresa hemos visto cómo la cancillería argentina ha tomado una decisión que quedará marcada en la historia de nuestra región latinoamericana. La semana pasada el gobierno argentino decidió retirar la denuncia por violaciones a los Derechos Humanos, que la mayoría de los Estados democráticos latinoamericanos han realizado contra Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional.
La situación de los Derechos Humanos en Venezuela es grave y ha sido documentada tanto por ONGs como PROVEA y Human Rights Watch, como también por organismos internacionales de peso, como la Organización de los Estados Americanos (OEA) a través de su Secretaria General y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU, que lleva emitidos varios informes que confirman la gravedad de los hechos ocurridos bajo el régimen de Maduro.
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Llama poderosamente la atención el cambio de posición del gobierno argentino frente a estos hechos, especialmente porque los crímenes contra los Derechos Humanos tienen unos principios fundamentales que el país ha ratificado. En este sentido, Argentina está en la obligación de promover, respetar y garantizar el respeto a los Derechos humanos tanto en su territorio como fuera de sus fronteras, en tanto que estos son universales. Con esta decisión, Argentina se está posicionando como cómplice del régimen venezolano y está traicionando a Venezuela, quien en los momentos en los que Argentina sufrió de una dictadura cívico – militar, no dudó en posicionarse en contra de aquel régimen.
En 1976, Venezuela desconoció y mantuvo un permanente rechazo a la dictadura militar encabezada por Jorge Rafael Videla. Venezuela tomó una actitud activa en los foros internacionales, respaldando en la OEA la iniciativa para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visite Argentina, con el fin de investigar y compilar las denuncias de violaciones a los Derechos Humanos que testimoniaban los exiliados argentinos que escapaban de la dictadura. Sin las redes sociales, estos eran el único testimonio que había sobre el accionar de las Fuerzas Armadas en el poder.
Por su parte, el gobierno de Videla se negaba a recibir a la CIDH, pero terminó cediendo frente a la presión internacional. Así fue como el 18 de diciembre de 1978, el régimen argentino extendió una invitación a la comisión para que visite el país. Las atrocidades fueron documentadas: persecución política, torturas, asesinatos y desapariciones. En la OEA, Venezuela no dudó en validar y avalar el informe realizado por la CIDH. En 1984, tras el retorno de la democracia al país, el estudio fue hecho público con el título “El informe prohibido”.
Ese informe prohibido, que documentó las atrocidades ocurridas en Argentina, relata muchas de las atrocidades que se viven hoy bajo el régimen de Maduro: desapariciones forzadas, asesinatos extrajudiciales, torturas, persecución política, entre otras.
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En los informes presentados por la OEA, en los años 2016 y 2018, se detallan distintos hechos que confirman cómo Venezuela, encabezado por Nicolás Maduro, ha violado reiteradamente los Derechos Humanos. Se identifican 18.093 ejecuciones extrajudiciales por parte de fuerzas del Estado o grupos civiles armados, denominados “colectivos”, 15.501 casos de detenciones arbitrarias, 724 casos de desapariciones forzadas, 623 casos de torturas, incluyendo torturas físicas con electricidad y abusos sexuales y torturas psicológicas. [1]
Por su parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos encabezado por Michelle Bachelet, ha emitido igualmente dos informes, uno en el año 2019 y otro en el año 2020, donde se corroboran las violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela [2]. En estos informes, se identifican casos de desapariciones forzosas, torturas y persecución política. Además, hace hincapié en la actuación de lo que denominan “fuerzas de exterminio”. A estas fuerzas, conocidas oficialmente como Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), que cumplen órdenes directas de la presidencia de la República, se les atribuyen más de 5.287 asesinatos por “resistencia a la autoridad”.
Más allá de los informes que son tajantes, crudos y sin vacilación, la realidad venezolana está a la vista de todos: es pública, está en los medios, en las redes, y en los testimonios de los más de cinco millones de exiliados que han abandonado Venezuela. Por mucho que le pese al Embajador de Argentina ante la OEA, Carlos Raimundi, quien el año pasado desestimó el informe presentado por la Alta Comisionada Michelle Bachelet, la única verdad es la realidad.
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Lamentablemente, el gobierno de Alberto Fernández ratifica lo dicho por el Embajador Raimundi, intentando ocultar un elefante atrás de una cortina. Para esto está utilizando al Estado argentino, violando inclusive los principios de la Constitución de la República Argentina. La responsabilidad de protección a los Derechos Humanos es inherente a los Estados firmantes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y Argentina es una de las partes. Además, sería bueno recordar al gobierno argentino que los crímenes contra los Derechos Humanos son imprescriptibles.
[1] Informe OEA: http://www.oas.org/documents/spa/press/Informe-Panel-Independiente-Venezuela-ES.pdf
[2] Infome Bachelete: https://drive.google.com/file/d/1LkVZElTdPvm7U3oDVXqc4I-QcPHbeDrh/view
Además:
