En plena campaña por la reelección, el gobierno avanza con licitaciones de Obras Públicas a nivel nacional, provincial así como con la asignación de fondos a municipios para proyectos que van desde repavimentación de rutas hasta la construcción de hospitales y escuelas. Entendible en un país con un significativo atraso en la infraestructura. Sin embargo, es impactante cómo las áreas de Género reciben financiación al mismo nivel que las obras cuando los números de femicidios permancen tan altos como al inicio de la gestión Fernández-Fernández. La otra incongruencia es cómo esa cifra crece cuando la inversión de obras para escuelas públicas disminuyó.
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Según el presupuesto presentado por Economía para el 2023 se destinarán ni más ni menos que $50.627.353.157 para la construcción y refacción de Centros de Políticas de Género. Esa cifra incluye todo lo necesario para hacer efectivo cumplimiento de programas de prevención de contra las violencias de género, según detalla la página 12 del presupuesto del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades.
En cambio, para la construcción de centros educativos públicos se destinarán $23.166.513.495, de los cuales únicamente $4.000.000.000 se utilizarán para la construcción de escuelas secundarias técnicas, que son las que forman en oficios a los jóvenes, principales víctimas del desempleo.
Todos los indicadores de la educación pública muestran que año a año empeora su calidad. Las pruebas PISA no se realizan desde el año 2019 y desde Provincia de Buenos Aires se pretendió, hasta hace unos días, eliminar la repitencia del nivel secundario. En este contexto la reducción de fondos estatales es una muy mala noticia. Según los datos arrojados en el presupuesto de Obras Públicas, el total que se destinará a Educación, incluyendo Cultura, será $26.462.251.382. Esto quiere decir que, en la construcción de escuelas se destinará el 52,3% de lo que se gasta en Centros de Políticas de Género.
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Esta diferencia crece aún más si tenemos en cuenta que las dependencias de la cartera de Ayelén Mazzina tienen otras sub-áreas como las de «Actividades Centrales» donde se realiza la formulación, acción y apoyo de políticas de género.
Para estas sub-áreas se destinará otra cifra sideral: $54.683.359.324. Lo que agranda aún más la brecha, dejando un total de $105.310.712.481 sobre los $26.462.251.382 que se destinarán este 2023 a Educación.
¿Lo polémico del gasto sólo surge de las cifras estruendosas o también de su comparación con el área educativa? Ambas. No sería polémico destinar $105.310.712.481 a Centros de Género si se viera una mejora en la situación de las violencias contra mujeres y otras minorías. Sin embargo, el último relevamiento realizado por la Casa del Encuentro y la organización MuMuLá-Mujeres arrojó que los femicidos aumentaron un 44,5% en relación al año anterior.
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¿PARA QUÉ SIRVEN LOS CENTROS GÉNERO?
La construcción de estos centros a nivel nacional comenzaron a principio del año 2021, cuando Santiago Cafiero (ex jefe de Gabinete) en conjunto con el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis y Elizabeth Gómez Alcorta (ex ministra de Mujeres) firmaron un acuerdo para reducir «las desigualdades que las mujeres sufren ante los varones».
Según Gómez Alcorta y Katopodis, la implementación del programa obedece a «una política de cercanía, federal, en la que intervendrán distintas agencias del Estado, que contemplará las distintas vulnerabilidades que puede sufrir una persona en situación de violencia de género y que tendrá un anclaje territorial». Asimismo, buscan crear «una sociedad más igualitaria, más integrada, más inclusiva y con perspectiva de derechos».
En algunos espacios se dictan cursos, talleres y charlas que promocionan el diálogo sobre las situación de violencia que sufren las mujeres ante los hombres y además, contienen a las víctimas de violencia sin hogar. Desgraciadamente, los números gritan la contradicción con la inversión en el área.
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