Gastón Arias fue intendente del partido de Brandsen entre 2011 y 2015 por el Frente para la Victoria. Esta semana, junto a dos de sus ex funcionarios, comenzó a ser juzgado en La Plata. Se lo acusa de un presunto “fraude en perjuicio de la administración pública” ligado a la construcción de cordones cuneta para la localidad que gobernaba. Una obra que se adjudicó en tiempo récord, se pagó completa (por más de US$60 mil dólares del momento) y se certificó pese a haber quedado inconclusa y mal hecha, según la acusación. Una historia de manejos opacos con la obra pública a pequeña escala, que llegó a juicio oral.
El expediente es más conocido en la Provincia como el caso “cordones cunetas” o los “cordones cunetas fantasma”. El debate comenzó esta semana en la sede del fuero penal de La Plata, con tres acusados en el banquillo: el exintendente Arias (hoy funcionario en la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires), su exsecretario de Obras y Servicios Públicos, Juan Manuel Bidegain, y la exdirectora de Obras Públicas, María Alejandra Videla. Todos se desempeñaron como funcionarios de la gestión de Arias entre 2011 y 2015.
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El hecho ocurrió en 2014. Se sospecha que Arias autorizó el pago de obras de asfalto con cordón cuneta que no se realizaron. De acuerdo con la acusación, el municipio pagó $506.000 (unos 60.000 dólares al cambio del momento) para hacer la obra en seis cuadras, desembolsó el 100%, pero en rigor la empresa sólo ejecutó el 30%: sólo dos cuadras, las de Castelli entre Magdalena de Fait y Hansen, y Saavedra entre Magdalena de Fait y Hansen de esa pequeña localidad.
Además, lo efectivamente construido presentó defectos graves, según sostuvo la fiscal de juicio Victoria Huergo, especializada en casos de corrupción, en sus lineamientos de apertura del debate oral. Nada de esto fue motivo, al parecer, para que el municipio dejara de pagar la obra o evitara certificar su finalización.
La historia parece menor: se trata de sólo seis cuadras de una localidad del interior, y de pagos que apenas superaron el medio millón de pesos, un monto irrisorio hoy. Pero el hecho bajo investigación ocurrió hace nueve años, cuando esto eran más de US$ 60.000.
La denuncia fue impulsada hace varios años por el intendente actual de Brandsen, Daniel Cappelletti (de UCR-Juntos por el Cambio). En ella se plantea que funcionarios públicos del Ejecutivo municipal contrataron a una empresa privada para hacer la obra, pagaron la totalidad del precio pactado y dieron por constatada su finalización, pero sin que ésta haya ocurrido.
Los fondos para realizar la obra surgían de un programa nacional de fortalecimiento de infraestructura en municipios, que bajaban a los territorios locales desde el Ministerio de Planificación Federal durante la gestión de Julio De Vido como ministro y de José López como secretario nacional de Obras Públicas.
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El municipio de Brandsen está representado en este juicio por el abogado Alejandro Hortel, quien sostuvo que también intentará demostrar en el juicio que se trató de una maniobra “planificada”, porque en un tiempo récord, 60 días, se llamó a licitación, se adjudicó la obra, se le pagó a la empresa la totalidad de la suma acordada y desapareció el expediente administrativo.
Además de cordones cuneta fantasma, en esta historia hubo un “expediente fantasma”: el expediente original mediante el cual tramitó esta contratación… desapareció. Por eso, durante la instrucción de esta causa tuvo que ser reconstruido judicialmente. Y durante la primera audiencia del juicio oral, el actual intendente, Cappelleti, explicó al declarar cómo son los pasos administrativos para autorizar obras en un municipio.
En el arranque del juicio, esta semana, también declaró el director municipal de Caminos Rurales, quien constató que aquella obra de asfalto no se realizó en ningún lugar de partido de Brandsen. Por su parte, la contadora municipal explicó cómo es la autorización de pagos en el municipio. Y en otro pasaje del debate se autorizó la incorporación de chats telefónicos que se obtuvieron en el marco de otra causa penal que enfrenta Arias.
Más testigos y la declaración de un experto en finanzas municipales que pertenece al Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires serán parte de las próximas audiencias del juicio, que está a cargo del juez Diego Tatarsky, titular del juzgado Correccional 5 del Departamento Judicial de La Plata.
El exintendente acusado tuvo también una decena de otras denuncias penales por presuntas irregularidades con el manejo de fondos durante su gestión en Brandsen. En la actualidad ocupa el cargo de Secretario de Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires.
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