El servicio alimentario en un centro cerrado para jóvenes en conflicto con la ley penal en la provincia de Buenos Aires sacó a la luz (una vez más) la gravedad de las condiciones de alojamiento de los menores de edad punibles. Para “muestra basta con un botón” asegura el refrán popular y con ese piso de marcha la realidad en el Instituto Almafuerte muestra una radiografía alarmante en el servicio de contención de los chicos tras las rejas que deben ser readaptados para su inserción social. La cantidad y calidad de la comida está en la línea de fuego, irregularidad que potencia el malestar ante la llegada de la ola de frío polar ya que en muchas ocasiones las viandas llegan frías y no tienen cómo calentarlas.
Desde hace varios años en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del departamento judicial de La Plata tramita un voluminoso habeas corpus donde se denuncian irregularidades de todo tipo en los centros de detención para menores de entre 16 y 18 años de edad que por diferentes motivos están privados de su libertad.
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El centro Almafuerte es uno de los más importantes de la provincia de Buenos Aires, se encuentra ubicado en la orilla noreste de la capital bonaerense y fue escenario de varias tragedias. Muchas de ellas tuvieron su génesis en las precarias condiciones de alojamiento de los internos, muy alejadas del norte constitucional de “cárceles sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los detenidos en ellas” que se establecen en la Carta Magna.
Los lugares de encierro para menores dependen del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a cargo de Andrés Larroque. En el orden administrativo estos lugares son responsabilidad del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA) cuyo titular es Germán Urman, quien fue nombrado en el cargo en el mes de junio de 2022. En su perfil de Twitter se define como “Peronista”.
En este marco el defensor oficial Ricardo Berenguer peticiona que se intime a funcionarios del OPNyA luego de recibir el informe realizado por una experta en nutrición en el que “se advierte una grave disminución del gramaje de los alimentos suministrados, en relación con la obligación asumida por la empresa contratista, que ronda el cincuenta por ciento de la ración, lo que redunda en un grave perjuicio en la dieta de los detenidos poniendo en riesgo su salud. Además, verificó la remisión de 65 viandas, 4 menos de las necesarias para alimentar a los detenidos y personal presentes”, según se desprende de la documentación a la que accedió Borderperiodismo.
También señala “la necesidad de proveer microondas para calentar las viandas, particularmente en invierno, por carecer de la temperatura adecuada a su arribo al Centro”. En el habeas corpus se hace foco que “estas circunstancias venían siendo señaladas por las quejas de jóvenes y directivos, pero ahora se ven corroboradas empíricamente por la pericia incorporada”.
Según este informe pericial los jóvenes reciben la mitad de la ración diaria de comida y muchas veces deben consumirlas frías.
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Pero este reclamo va más allá y pone la lupa en las condiciones bromatológicas de los alimentos. Se sospecha que los alimentos, en reiteradas oportunidades, no son aptos para el consumo. Por este motivo se aguarda la recepción de otro informe sobre ese tópico central para la salud de internos y trabajadores del lugar ubicado en avenida 520 y calle 183, cercano a la ruta provincial 36. Para ese análisis la tarea fue requerida la asistencia de la Dirección de Bromatología del Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires.
EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y ESPARCIMIENTO
En la presentación judicial realizada ante el Juzgado de Garantías 2 del Joven se destaca que las autoridades no informaron “el cronograma de actividades que contuviera, en particular, las salidas a patio, en cumplimiento de las normas nacionales y convencionales que reconocen el derecho al aire libre”.
“Con mucha demora, la Dirección de Centro Cerrado finalmente remitió informe que no resulta claro en cuanto al diagrama de salidas al patio de la institución, medida a la que se comprometieron expresamente. Sólo se hace mención al ‘9:00 inicio de actividades al aire libre. Según corresponde’”.
En el informe de las autoridades del centro de encierro no se aclara si esas actividades si las salidas son al patio o en la “jaula” conocida como “casino”. Tampoco se menciona qué días corresponde a un pabellón y qué jornadas a otro.
Además, se omite informar la implementación de talleres de capacitación certificados que la autoridad del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia “dijo haber estado gestionando”.
En la provincia de Buenos Aires hay ocho centros cerrados para jóvenes en conflicto con la ley penal y 14 centros de contención, donde los acusados o condenados cumplen medidas de privación de la libertad en distintas modalidades. El Almafuerte es uno de los centros cerrados, tiene 38 plazas y se encuentra cubierto al tope.
ANTECEDENTE FATAL
El 14 de octubre de 2020 el instituto de menores se convulsionó con el suicidio de un joven que había mostrados síntomas de angustia y depresión. No tenía contacto con su familia y no recibía visitas a causa del aislamiento social devengando de la pandemia por coronavirus. El joven tenía 17 años, era oriundo de San Isidro, y para esa fecha se habían registrado otros “tres intentos de suicidios en poco tiempo”, recordaron fuentes judiciales.
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Luego de un largo recorrido del expediente, el 30 de diciembre de 2021 la justicia ordenó al centro cerrado Almafuerte que “proceda a erradicar concretamente los riesgos de atentados contra la vida e integridad personal de los internos y garantizar que el régimen disciplinario respete sus derechos humanos”.
En la resolución oficial se recordó a las autoridades del lugar y a su personal que “están estrictamente prohibidas todas las medidas disciplinarias que constituyan un trato cruel, inhumano o degradante; la reclusión en aislamiento -salvo en situaciones excepcionales-, así como cualquier otra sanción que pueda poner en peligro la salud física o mental de los jóvenes y que las autoridades del centro remitan informe pormenorizado de los hechos puesto en conocimiento”.
Más allá del marco legal que conocen, las autoridades fueron notificadas por la vía judicial que deben enviar toda la información requerida por funcionarios que asisten a los jóvenes (defensores oficiales) como a los jueces que los tienen bajo su responsabilidad. Ante el incumplimiento de esto es que desde los ámbitos judiciales se ven obligados a denunciar las posibles irregularidades y señalar a los responsables.
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