Los datos son alarmantes: en el último trimestre (diciembre 2018, enero y febrero en curso) ya son 96 escuelas vandalizadas en la Provincia de Buenos Aires. Para poner en contexto la gravedad de la cifra hay que remarcar que en todo 2018 fueron 131 los establecimientos educativos dañados.
Es decir, en apenas 3 meses -y a pocos días del comienzo del ciclo lectivo- ya se alcanza casi el 75 por ciento de la cifra del año pasado. Es más de una escuela destruida por día. Es demasiado.
“El Ministerio de Educación trabaja codo a codo junto al Ministerio de Seguridad para analizar por qué se producen estos hechos contra la escuela pública”, afirman desde el gabinete provincial, y manifiestan su preocupación: “No sabemos quiénes son los que llevan a cabo estas acciones, pero nos preocupan mucho”.
María Laura Torre es dirigente de Suteba, y como portavoz de los docentes opina: “En realidad el año pasado hay determinados lugares del conurbano donde aparece esta situación en que las escuelas como parte de la comunidad sufren actos de vandalismo. Hay una responsabilidad del Gobierno provincial y de los estados municipales de garantizar la seguridad de la escuela, que es un producto de la crisis social derivada del retiro de las políticas públicas estatales. Ese síntoma se manifiesta en la escuela”.
Como señala la representante gremial, el conurbano es un lugar nodular. Las últimas noticias dan cuenta de dos escuelas quemadas en General Rodríguez, un colegio saqueado y destrozado en San Martín, y otro incendiado en Alejandro Korn. Los lamentables ejemplos sobran.
El desglose de los hechos vandálicos realizado por el Ministerio arroja que los establecimientos sufren robos, destrozos e incendios, pero este análisis no discrimina intencionalidad. No hay cifras certeras de a qué delito corresponde cada hecho de vandalismo, e incluso a veces se mezclan. Es decir, hay escuelas que son robadas y destrozadas en la misma ocasión; o que son saqueadas e incendiadas. Grave por donde se lo mire.
Desde Suteba no pueden corroborar el dato oficial brindado por el Ministerio, aunque sí admiten estar al tanto de la cantidad de escuelas dañadas a través de información que proviene de parte de los delegados gremiales. Y agregan otro factor más: las amenazas de bomba. “La Plata sufrió más de un mes de pérdida de clase por ese motivo. Nuestro secretario general se lo manifestó incluso al ministro de Seguridad, pero aún no se pudo resolver”.
Pero los hechos policiales tienen su correlato político. En plena discusión paritaria y con una relación tensa entre el Gobierno de la Provincia y los gremios docentes, el diputado provincial por la UCR Diego Rovella lanzó una dura acusación. A través de un tuit publicado el 26 de enero pasado, responsabilizó a personas cercanas al secretario general de Suteba, Roberto Baradel, por pintadas en una escuela secundaria platense. “Repudio los actos de vandalismo sobre la Escuela Secundaria N° 31 de La Plata por parte de afines de @RobiBaradel”, escribió.
Y su única propuesta es nunca acordar, es eternizarse como un discutidor absurdo. Es un posible candidato vacío del verdadero sentido político e ideológico.
Repudio los actos de vandalismo sobre la Escuela Secundaria N° 31 de #LaPlata por parte de afines de @RobiBaradel. pic.twitter.com/dmf6QNoc4P— Diego Rovella (@RovellaDiego) January 26, 2019
La respuesta de María Laura Torre es lapidaria: “Ese tuit es una cretinada y se nota que es una persona de muy bajo vuelo intelectual y político que no merece ni siquiera la banca que ocupa”.
Al margen de la polémica, desde el Ministerio de Educación aseguran que efectúan la denuncia en todos los casos y que están a la espera de -al menos- poder identificar quiénes están detrás de estos hechos para que no vuelvan a producirse.
También brindan cifras respecto del dinero invertido para arreglar los daños. Según la cartera comandada por Gabriel Sánchez Zinny se desembolsaron $105 millones para reparar las escuelas vandalizadas, y puntualizan: “Es el equivalente a construir 66 aulas de jardín de infantes”.
