Este jueves, mediante un comunicado, el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) detalló que, tras poner en marcha el «protocolo de uso riguroso de telefonía celular», los delitos desde la cárcel por esta vía disminuyeron.
La medida es aplicada en 14 provincias desde el año 2020, cuando la pandemia del coronavirus afectó a la Argentina y a todo el planeta. Muchas de las autoridades determinaron que este protocolo era la mejor opción para evitar visitas constantes al pabellón que pudieran generar fuertes brotes del virus entre los presos.
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Dos años después la medida sigue vigente, y es fuertemente criticada por la oposición, que solicitó que se prohíba el uso de telefonía celular en los penales bonaerenses. El organismo intentó resolver estas críticas mediante este comunicado.
«En primer lugar, corresponde aclarar que esta disposición fue llevada adelante en el ámbito penitenciario bonaerense, luego de una decisión del máximo tribunal penal de la Provincia que así lo dispuso. Las razones de esta resolución judicial estuvieron ligadas a la pandemia Covid19, y a la necesidad de cesar las visitas a las personas detenidas en unidades penales como forma de evitar contagios masivos que colapsaran el sistema de salud pública -objetivo que finalmente logró alcanzarse-«, explicaron las autoridades penitenciarias del país.
Además, el organismo detalla que «la puesta en funcionamiento de esta medida, en marzo de 2020, se llevó a cabo a través de un estricto protocolo que establece pautas rigurosas de uso”. “Este instrumento fue validado por autoridades judiciales y se basa en antecedentes internacionales en la materia», profundizaron.
Por otro lado, mencionaron que «el Protocolo circunscribe su utilización a las actividades educativas a distancia y a los contactos familiares, establece un Registro de celulares que identifica fehacientemente a cada usuario, delimita los ámbitos habilitados para el uso de telefonía celular y prohíbe las redes sociales».
Según el servicio penitenciario, el sistema de uso de teléfonos se aplicó al igual que en otras catorce provincias de la República Argentina, e incluso en otros países como España y el Reino Unido. Así aseguraron que, además de bajar el delito, el protocolo ayuda a identificar más rápido al autor de un hecho de estas características.
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«Desde la regulación del uso de los celulares no sólo se ha logrado disminuir la cantidad de delitos cometidos desde las unidades penales desde este medio, sino que la implementación del protocolo posibilitó el rápido esclarecimiento de ese tipo de ilícitos y la pronta imposición de la sanción correspondiente», aseveraron.
En respuesta a las intensas críticas por liberar reclusos en medio del confinamiento por Coronavirus, el organismo de servicio penitenciario bonaerense dijo: «A modo ilustrativo, en torno a la preocupación por la liberación de personas detenidas y de acuerdo con las estadísticas que produce la Procuración General de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, vale traer a colación que en el año 2015 fueron 34.443 las personas que recuperaron la libertad desde cárceles y comisarías bonaerenses».
De la misma forma, detallaron que «ese número fue creciendo en los años siguientes hasta llegar a 42.061 personas en 2019. Esa tendencia se revirtió a partir de 2020. En ese año ese universo de personas alcanzó las 36.257 y, al 10 de agosto de 2021, se registraron en esa misma categoría 33.715″.
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