La frialdad de la técnica noticiosa indica que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la provincia de Buenos Aires rechazó la apelación contra la destitución dispuesta que recayó sobre el ahora ex fiscal de San Isidro Claudio Scapolan. Pero detrás de esta resolución que se dictó el jueves 22 de junio a las 11:10 horas se esconde una trama oculta de factores de poder que conducen al actual ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa.
“Declarar inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el doctor Claudio Scapolán”. En apenas 15 palabras el organismo que juzga a magistrados en la provincia de Buenos Aires dejó sin efecto el planteo de la defensa de Scapolán (a cargo del reconocido abogado sanisidrense Luciano Locatelli) para intentar revertir su destitución sellada en abril pasado en el edificio Anexo del Senado provincial donde se desarrolló el juicio político.
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La fecha de la resolución a la que accedió Borderperiodismo llamó la atención por el timing político judicial con el que se dio. Fue horas antes de que se conociera la pre candidatura de Massa a la presidencia de la Nación que pateó el tablero político federal y generó todo tipo de cimbronazos al interior del espacio opositor Juntos por el Cambio.
Detrás de esta destitución existe un extenso proceso en el que maridan narcos, policías, funcionarios judiciales todos con la presunta protección de un sector política. Desde hace años los distintos editorialistas del país hablaron de las vinculaciones de Scapolan –al que apodaron como “narcofiscal”- con Massa.
Según detalló el diario La Nación, las denuncias que pesan sobre Scapolan incluyen persecución de manera maliciosa a un juez de cámara, entorpecimiento de una investigación penal, tráfico, transporte y comercialización de estupefacientes e incumplimiento de la obligación de investigar. Scapolan estaría asimismo implicado en una banda delictiva que extorsionaba a personas mayormente vinculadas con el narcotráfico para obtener dinero o bienes de manera ilegítima, en una red conformada por policías, funcionarios judiciales, abogados y civiles.
Como producto de investigaciones fraguadas, fue denunciado por ejecutar allanamientos –muchos de ellos sin orden de un juez y dispuestos de urgencia por el mismo fiscal– amenazando a los propietarios con plantarles estupefacientes en sus casas si no entregaban dinero. Durante el jury realizado en La Plata fueron confirmándose, prueba tras prueba, las graves irregularidades por las que fue juzgado y destituido.
Scapolán contó con una fuerte protección política del massismo. La génesis fue por viejos favores que el entonces fiscal le hizo a la familia Massa-Galmarini cuando asaltaron su vivienda en la localidad de Tigre (Departamento Judicial de San Isidro), en el año 2013, “una relación que había comenzado previamente a ese hecho, pero que se fortaleció aún más con motivo del robo”, detalló el matutino auto percibido como “tribuna de doctrina”.
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La destitución de Scapolán fue por mayoría. Una senadora bonaerense del Frente Renovador, Sofía Vanelli, votó por cerrar el proceso y reponer al fiscal en su cargo. Este dato político refuerza la hipótesis de la protección del massismo para el ex funcionario judicial que pese a este revés en su carrera sigue peleando en los estrados para revertir la sentencia que lo destituyó.
Con la reciente decisión se intenta deslinkear “la relación entre Scapolán y Massa, quieren desmarcarse todos ante un posible escándalo, es llamativo todo, ahora el mensaje es no hay impunidad para nadie cuando intentaron por todos los medios evitar el jucio”, confió un funcionario que accedió a las actuaciones judiciales. Un dato no menor, la denuncia penal es del año 2016 y la Legislatura bonaerense tardó 6 años en aceptar el juicio político.
El jurado de enjuiciamiento fue encabezado por la presidenta de la Cámara I en lo Civil y Comercial de La Plata, Ana María Bourimborde, ya que los jueces de la Suprema Corte provincial y de la Cámara de Casación se excusaron por haber intervenido en alguna etapa del proceso. La secundaron los conjueces legisladores Juan Pablo Allan (senador por Juntos), Daniel Lipovetzky (diputado por Juntos), Walter Carusso (diputado por Espacio Abierto Juntos), Sofía Vannelli (senadora por el Frente Renovador-Todos) y María Eugenia Brizzi (diputada por Juntos) y los conjueces abogados Carlos Valdez, Héctor Mendoza Peña, Carlos Garavaglia, José Manuel Del Cerro y Juan Spinelli.
EL SUMARIO
La primera denuncia contra el fiscal Scapolán fue realizada en el 2016 por la ex diputada Elisa Carrió y, posteriormente, por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, quien tuvo a su cargo la causa y lo procesó por un total de diez delitos: jefe de una asociación ilícita, instigador de falso testimonio agravado, uso de documento público falso, falsedad ideológica de documento público reiterada, sustracción de medio de prueba, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización doblemente agravada, cohecho pasivo agravado por su condición de agente fiscal, extorsión, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
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Arroyo Salgado sostuvo que la banda presuntamente liderada por el fiscal e integrada por varios policías de la bonaerense y abogados actuaba «con el objetivo de sustraer material estupefaciente, coaccionar personas para obtener un provecho económico, permitir la sustracción de pertenencias de personas allanadas, e inventar y/o plantar pruebas de cargo».
Según la investigación, a la organización se le atribuye el robo de al menos 555 kilos de cocaína, 33.000 dólares y 386.000 pesos mediante extorsiones a narcos.
Por esos delitos, un total de 32 personas -policías de las Departamentales de Investigación del Tráfico de Drogas Ilícitas de San Isidro y Quilmes, abogados que habrían facilitado los mecanismos extorsivos y falsos testigos- fueron procesados y serán llevados a juicio oral ante los Tribunales Federales de San Martín, pero Scapolán quien quedó afuera del proceso penal porque aún debe ser sometido a jury.
Anteriormente, la Cámara Federal de San Martín, en una polémica resolución, revocó el procesamiento por asociación ilícita que pesaba sobre Scapolán, dictó la falta de mérito para la mayor parte de los delitos imputados al fiscal y confirmó solo el de falsedad ideológica de documentos públicos en relación a un operativo en el caso «Leones Blancos» en el que se secuestró casi media tonelada de cocaína, mientras que gran parte de esa droga fue robada por los uniformados a cargo del operativo, según definió la acusación.
JUICIO POLÍTICO
Scapolán fue suspendido de su cargo el 22 de diciembre pasado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires, por nueve votos contra uno, a partir de la acusación hecha por el procurador de la Corte Bonaerense, Julio Marcelo Conte-Grand.
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Durante el juicio político declaró la jueza Arroyo Salgado quien ratificó su denuncia contra Scapolán de liderar banda que robaba droga para su venta. «Yo hice una valoración de la prueba conforme lo manda el Código Procesal Penal de la Nación, esto es bajo lo que se llama el método de la sana crítica racional. Los elementos que yo tuve en cuenta (para procesar a Scapolán) fueron los dichos de los arrepentidos, los dichos de los letrados que en los distintos casos intervinieron, los movimientos de los celulares de los policías involucrados y dónde activaban celdas, como así también el análisis de la activación de celdas de los celulares usados por el fiscal Scapolán y sus secretarios también imputados en el expediente, las filmaciones, los videos obtenidos», precisó la jueza al declarar en el jury y contar cómo fundó su procesamiento.
La jueza federal aludió a «los dichos de imputados que fueron víctimas de distintas conductas extorsivas o de armados de causas», elementos que la “convencieron de que había elementos suficientes para procesar al fiscal Scapolán y a sus secretarios en base a los delitos por el cual se dictó el auto de procesamiento».
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