La justicia desmarcó a Cristina Kirchner del escandaloso vacunatorio VIP en pandemia

La Vicepresidenta había sido denunciada por dirigentes libertarios y del PRO. Tras casi dos años de investigación el juez pesadilla del macrismo no encontró delito.
Cristina Kirchner
Créditos: Cristina Kirchner
Por: Martín Soler

La justicia Federal de primera instancia dio por terminada una denuncia que involucraba a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner acusada de haber sido vacunada de privilegio durante el inicio del plan de vacunación durante la pandemia por coronavirus, según se desprende de la resolución judicial a la que accedió Borderperiodismo.

“Desestimar por inexistencia de delito la presente denuncia”. En apenas 8 palabras que cierran una resolución de 12 fojas el juez Alejo Ramos Padilla, titular del Juzgado Federal Correccional y Criminal 1 de La Plata, quitó una nube en el horizonte judicial de la Vicepresidenta, luego de la denuncia investigada en el marco de las causas que dieron origen al bautizado periodísticamente “vacunatorio VIP” que estremeció al país y selló la derrota electoral del oficialismo en las elecciones de medio término en el año 2021.

 

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Captura de la parte resolutiva del fallo judicial.

 

Luego de varias idas y vueltas judiciales la causa quedó radicada en La Plata en agosto del año 2021. Tras analizar el expediente el magistrado consideró que no había delito ante la acusación de que la mandataria hubiera recibido una dosis de Sputnik V alterando el orden del plan de vacunación vigente. Razonó en base a una resolución oficial que CFK está comprendida dentro del personal con “funciones estratégicas necesarias para adecuado funcionamiento del Estado”.

En la denuncia inicial, que fue radicada ante el Juzgado Federal 5 de Capital Federal por los dirigentes opositores Yamil Darío SantoroJosé Luis Patiño y Rodrigo Forlenza, se la acusaba a Cristina Kirchner de «simular la calidad de legítima destinataria de la vacuna de acuerdo con la política sanitaria y los criterios sanitarios vigentes» en la Unidad de Pronta Atención 2 (UPA 2) del Hospital Juan Domingo Perón, del partido bonaerense de Avellaneda, donde la vicepresidenta se inmunizó el 24 de enero de 2021.

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Los denunciantes basaban sus sospechas en «información periodística» que aseguraba que la mandataria «podría haber formado parte de un ardid en perjuicio de la Administración y del patrimonio del Estado Nacional, en complicidad con funcionarios nacionales, provinciales y municipales, tendiente a obtener un beneficio sanitario (la vacuna) que no le correspondía – al menos en esa instancia -, en desmedro de terceros (personal de salud), a quienes sí estaba destinada».

Además, argumentaban que ese supuesto «ardid» podría haber consistido en simular la calidad de legítima destinataria de la vacuna de acuerdo con la política sanitaria y los criterios sanitarios vigentes.

Cuando la causa quedó radicada en la justicia Federal de La Plata se sumó como denunciante el escribano Juan Pablo Allan, actual precandidato a intendente de la capital de la provincia de Buenos Aires de Juntos por el Cambio, en la lista interna de Patricia Bulrrich.

Según se planteó, los destinatarios a los que se referían eran un grupo de 30 trabajadores del hospital a quienes se les había cancelado el turno para aplicarse la vacuna -entre el 11 y 22 de enero de 2021- alegando que se habían acabado las dosis.

Ramos Padilla descartó este supuesto delito por «la forma en la que se desarrollaron los acontecimientos». En ese sentido se menciona que la vicepresidenta y el entonces viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, (actual ministro) publicaron en sus respectivas cuentas de Twitter imágenes y videos de la vacunación y destaca que «resultaría absurdo sostener que una persona que es públicamente conocida y que además exhibe en sus redes sociales el momento de su vacunación llevó a cabo un ardid o engaño o simuló una calidad o categoría particular para obtener acceso a dicha vacuna».

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«Debe descartarse la existencia de cualquier tipo de ardid, engaño, calidad simulada o fraude a la administración pública en orden a la inoculación denunciada, pues se trató de un acto llevado a cabo de manera pública y se encontraba autorizado por la normativa vigente», destaca la resolución, y agrega que por lo tanto «no puede configurarse ningún delito vinculado con malversaciones de bienes públicos».

Además, el magistrado explicó que al momento de los hechos denunciados estaba vigente el «Plan Estratégico para la Vacunación contra la Covid-19» que había sido oficializado a través de la resolución 2883/2020.

 

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En ese Plan se definió entre su «Población Objetivo» el «Personal estratégico», descripto como «toda persona que desarrolle funciones de gestión y/o conducción y funciones estratégicas necesarias para adecuado funcionamiento del Estado, así como las personas pertenecientes con riesgo de infección o trasmisión», incluyendo a los «funcionarios del Estado».

En este sentido, considera que hay «inexistencia del delito», teniendo en cuenta que Cristina Fernández se hallaba comprendida en esa categoría.

 

Ramos Padilla, juez de Dolores.

 

PERFIL

 

Ramos Padilla accedió al cargo de juez en Dolores en el año 2011. Este magistrado amigable con el peronismo fue durante años abogado de la fallecida María Isabel Chorobick de Mariani, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, quien se separó de la organización para buscar a su nieta, Clara Anahí Marini, apropiada durante la última dictadura cívico militar.

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El 21 de mayo de 2018, en pleno apogeo del macrismo, ordenó suspender los cortes de servicios de luz y gas a los usuarios que no podían afrontar el pago de las boletas a causa del tarifazo impulsado por Macri y su ministro de Energía, Juan José Aranguren. Fue, además, quien declaró en rebeldía al fiscal mimado del macrismo Carlos Stornelli, luego de que éste no acudiera a varios llamados a indagatoria por la causa de presunto espionaje.

Además investigó la existencia de una red de espionaje ilegal, conformada presuntamente por funcionarios judiciales, legisladoras nacionales, un falso abogado y periodistas, con el objetivo de extorsionar empresarios y perseguir opositores. Es un legajo sensible para la política monitoreado de cerca por la oposición y el oficialismo, que se muestra en sintonía fina con el rumbo de la pesquisa.

El juez fue designado en el cargo actual el 4 de febrero de 2021. Quedó al frente del estratégico y poderoso Juzgado Federal 1 de La Plata, donde tramitan causas por delitos de lesa humanidad y es el órgano judicial encargado de controlar el proceso eleccionario en la provincia de Buenos Aires, el principal bastión político del kirchnerismo.

 

 

 

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