Desde los comienzos de la pandemia en nuestro país, Formosa comenzó a ser noticia con polémicas que llamaron la atención de la población y organismos internacionales como Amnistía Internacional. La última de estas fue tras el conocimiento de los “centros de aislamiento” para enfermos de coronavirus que se encontraban en condiciones inhumanas, de forma contraria a todo tipo de protocolo y que, incluso, se obligaba a permanecer en el recinto a personas sin Covid-19.
La polémica comenzó con un video viral en el interior de los mal llamados “Centros de Atención Sanitaria” (CAS). En él se veían fuertes imágenes de hacinamiento y pánico e incertidumbre entre los aislados, lo que derivó en graves denuncias contra los altos cargos formoseños, principalmente contra el gobernador Gildo Insfrán, y en una profunda investigación para conocer el estado de los CAS.
Además de las impactantes imágenes, se conoció más sobre los aislados y el proceso de aislamiento a través de distintas declaraciones. Así, se descubrió que no solo se encontraban aislados los pacientes en grave estado de salud a causa del coronavirus, sino que en los recintos son obligados a aislarse pacientes con leves síntomas, asintomáticos e, incluso, a personas con PCR negativo que vienen de otras provincias y contactos estrechos.
La concejal de la provincia, Gabriela Neme, declaraba lo siguiente ante el accionar del gobierno provincial: “Se violan los derechos humanos a tal punto que si yo fuese COVID positivo y tuviese síntomas pero no quiero hacer el tratamiento médico y me quedo en mi casa sin poner en riesgo la salud pública, me llevan igual. ¿Por qué?”. Además, agregó que “con excepción de los amigos del poder, nadie hace el aislamiento en su casa, no está permitido”, poniendo, aún más, en el ojo de la tormenta al gobernador de Formosa, sus funcionarios y su administración.
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Horas después de estas declaraciones, Neme fue detenida por la policía provincial junto a una segunda concejal, Celeste Ruíz Díaz. Ambas detenidas se encontraban manifestándose pacíficamente en un CAS al momento de la detención, donde, según Ruiz Diaz, había “unas 10 personas con tres hisopados negativos y hace más de 20 días que no las largan”. Aunque los motivos de su detención no fueron anunciados oficialmente, las familias fueron informadas de la detención como consecuencia de resistencia a la autoridad y violación del artículo 205.
Ante esta situación, Amnistía Internacional alertó por la violación de los derechos humanos en Formosa, reclamó la intervención del Poder Ejecutivo Nacional y exigió ayer la “inmediata liberación” de Neme y Ruíz Díaz. Las mismas fueron liberadas después de una hora y media. En cuanto a la petición de la “Intervención nacional”, la organización internacional envió una carta a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pidiendo “la intervención de las autoridades para garantizar un entorno propicio para la labor de los defensores y las defensoras de los derechos humanos”.
El gobierno formoseño se encuentra en la mira de la organización internacional desde el año pasado, cuando estos provocaron el padecimiento de casi ocho mil personas con el cierre de la provincia. Todas esas personas debieron dormir en la ruta durante semanas y otras quedaron a la intemperie en otras provincias por la falta de recursos para regresar.
Este viernes, tras su liberación, Gabriela Neme declaró: “Esta es la Formosa de Insfrán; feudalismo, caudillismo y avasallamiento de derechos”. Al mismo tiempo, la concejal denunció el abuso policial que sufrió con lesiones en los tobillos, las muñecas y la espalda.
