Cannabis medicinal: Qué hacer si tu obra social retrasa o niega la entrega del medicamento

La Defensoría del Pueblo de la Nación recomienda hacer la denuncia y ofrece asesoría gratuita a los pacientes que vean vulnerado su derecho
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Créditos: Obra social
Por: Juan Carlos Figueroa

Antes que cualquier cosa, una aclaratoria: toda obra social o prepaga está en la obligación de proveer gratuitamente el tratamiento de cannabis medicinal a cualquier paciente con prescripción médica. Lo remarca Maximiliano Nitto, jefe del área de salud de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Está garantizado en la legislación vigente sobre el uso terapéutico de la marihuana y sus derivados (en las leyes 27.350 y 27.669 y sus reglamentaciones) y, dependiendo del caso, respaldado en otras normativas como la legislación sobre discapacidad.

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“Lamentablemente, las obras sociales o prepagas suelen tener una postura muy rígida en contra del derecho del paciente en temáticas como cannabis medicinal, reproducción asistida o tratamientos muy costosos”, explica Nitto. La Defensoría recomienda hacer la denuncia en aquellos casos donde los pacientes o sus representantes consideren vulnerado algún derecho en este sentido, ya sea por parte de una obra social, una prepaga o algún programa del sistema de salud público.

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El proceso de denuncia ante la Defensoría contempla cuatro pasos:

  1. Recepción de denuncia:

Se puede realizar la denuncia a través de Whatsapp (al número 1137624964) o la web de la institución (www.dpn.gob.ar). La Defensoría recomienda el portal web para mayor agilidad. En la sección “Salud, acción social, educación y cultura” hay un formulario para inscribir datos de contacto y reseña del caso.

  1. Documentación:

La Defensoría verificará si la información suministrada es suficiente. De lo contrario, se comunicará con la persona denunciante para recabar los datos necesarios: diagnóstico del paciente, prescripción médica, si el prestador de salud es una obra social o prepaga y si la respuesta que obtuvieron de su parte fue una negativa absoluta, negativa parcial o un retraso en la prestación. Con esto, se pone en curso el expediente del caso.

  1. Solicitud de informe a la obra social o prepaga:

La Defensoría solicitará a la obra social o prepaga que confirme los canales de comunicación que pone a disposición de su afiliado. Informará también el motivo de la denuncia en curso y referirá los pedidos específicos que el denunciante solicita en relación a su cobertura de salud.

  1. Plazo para la respuesta:

La obra social o prepaga tiene un plazo de al menos 15 días hábiles para responder, con posibilidad de prórroga. Si no hay respuesta, o si la respuesta es insatisfactoria, la Defensoría emite un pronunciamiento categórico con los señalamientos detallados sobre la falta cometida por el prestador de la cobertura de salud y solicitando su corrección.

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Los pronunciamientos de la Defensoría son acciones administrativas, no sancionadoras. Sin embargo, resalta Nitto, funcionan como un acto de presión pública sobre la obra social o prepaga y colabora así con la resolución. También servirían de prueba y respaldo para quien denuncia, llegado el caso de que la situación no se resuelva y llegue a tribunales. “La judicialización de la salud, en principio, debería ser el último escalón. Estos mecanismos de control administrativos deberían funcionar, pero va a depender de qué tan rápido necesita una respuesta el denunciante”, explica Nitto.

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Otro canal que tiene la persona afectada es la Superintendencia de Servicios de Salud, que puede iniciar una investigación y multar a la obra social o prepaga que incumpla con su responsabilidad.

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Aparte de estos mecanismos de control administrativo, está la acción de amparo ante tribunales. Con este proceso judicial, el juez o jueza pide informes y, si decide que la acción de amparo procede, dicta sentencia en un plazo breve, mucho menor que un juicio común. En este caso, se debe recurrir a un abogado. Si la persona afectada no puede asumir el costo de este acompañamiento legal, puede acudir a patrocinios jurídicos gratuitos que existen en comunas, municipios, colegios de abogados, universidades o palacios de justicia, dependiendo de la jurisdicción.

Nitto insiste en que la denuncia ante la Defensoría es 100% gratuita y que están facultados para brindar orientación legal ante este tipo de faltas. “Lo importante es que el paciente sepa que cuenta con herramientas para resolver su situación”, agrega.

 

Además:

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