Un abogado presentó una denuncia penal contra altos funcionarios del área de Economía del actual gobierno por la controvertida iniciativa de liquidar el Fondo de Garantías Sustentable (FGS) con el fin de consolidar la deuda pública. Entre los apuntados en la denuncia se encuentran Pablo Quirno, secretario de Finanzas, Luis Caputo, ministro de Economía, y Nicolás Posse, jefe de Gabinete.
La denuncia, radicada ante el juzgado federal número seis bajo el código 126/2024, se basó en las declaraciones públicas de Quirno, quien admitió que el Gobierno estaría buscando liquidar el FGS para consolidar la deuda pública. El denunciante, identificado como Jaime Igolnikov -afiliado al PAMI – sostuvo que esta iniciativa contradice el destino legal del FGS, destinado a la protección de los jubilados y pensionados.
El denunciante señaló que Nicolás Posse, como Jefe de Gabinete, autorizó la salida del FGS del ANSES para pasar al Tesoro Nacional, enajenando así el patrimonio exclusivo de los jubilados y pensionados. Igolnikov destacó que el FGS prevé la posibilidad de destinar un porcentaje de su caudal a la ayuda económica de los jubilados y pensionados en casos de emergencia, y lamentó la falta de acción por parte de fiscales y del Defensor de la Tercera Edad ante estos hechos de público conocimiento.
La denuncia, presentada con el número de registro de afiliado PAMI de Igolnikov, plantea la preocupación sobre la posibilidad de una injusticia mayor y sostiene la necesidad de que se actúe ante este presunto desvío de fondos destinados a los más vulnerables de la sociedad.
El caso plantea serias dudas sobre la legalidad y la integridad ética de la iniciativa gubernamental, por lo que la denuncia desatará investigaciones judiciales cruciales para esclarecer la autenticidad de las acusaciones contra Caputo, Posse y Quirno.
A medida que la sociedad aguarda los resultados, la inacción actual por parte de fiscales y defensores de la tercera edad podría intensificar la atención pública sobre la salvaguarda de los fondos destinados a los jubilados y pensionados en Argentina, generando un llamado urgente a la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de recursos críticos para la seguridad financiera de la población más vulnerable.
