Gobernadores de provincias productoras de hidrocarburos se manifestaron en desacuerdo con la reforma de la Ley Ómnibus que otorga al Poder Ejecutivo la facultad de conceder concesiones para la explotación del suelo. Los mandatarios pidieron reunirse con el ejecutivo para tratar un nuevo articulado.
Mediante un documento ratificaron que «la defensa del dominio originario de las provincias sobre los recursos hidrocarburíferos situados en nuestros territorios y las facultades de administración sobre los mismos».
En este marco, las provincias pidieron al gobierno nacional un espacio de diálogo “efectivo” para analizar en profundidad las modificaciones propuestas, que consideran sustanciales y que afectarían significativamente el régimen actual.
El principal punto de conflicto se centra en el artículo 298, que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de otorgar concesiones para la explotación del suelo, y que se contrapone con el derecho de las provincias a explotar sus propios recursos, consagrado en la Constitución Nacional. Este conflicto se evidenció particularmente en la provincia de Neuquén, donde las autoridades buscan potenciar los recursos de Vaca Muerta.
En este sentido, los mandatarios expresaron su rechazo a cualquier artículo que implique un menoscabo o limitación a las facultades de administración de las provincias hidrocarburíferas y destacaron la importancia de respetar el dominio originario sobre los recursos naturales, consagrado en el artículo 124 de la Constitución Nacional y la ley 26.197.
Los representantes provinciales sostuvieron que la norma debe contemplar no solo la sustentabilidad económica de los inversores, sino también la sustentabilidad social y ambiental de las poblaciones y las regiones donde se desarrolla la actividad.
En la nota, los gobernadores también expresaron su desacuerdo con varios artículos de la Ley Ómnibus, como la derogación del artículo 32 de la ley 17.319 (Ley de Hidrocarburos), las regulaciones ambientales, el régimen de incentivo para grandes inversiones y el papel de empresas estatales provinciales de hidrocarburos.
En este punto, se mostraron dispuestos a participar en los ámbitos legislativos pertinentes y proponer un texto normativo para su consideración.
