El juez federal Sebastián Casanello, exhortó al ministerio de Seguridad que ajuste el accionar de las fuerzas de seguridad a los límites fijados por la Constitución Nacional en referencia al polémico protocolo antipiquetes promovido por la ministra, Patricia Bullrich.
En esta línea, Casanello convocó para la semana próxima a las autoridades de la cartera a una audiencia en tribunales junto a legisladores de izquierda y la fiscalía para resolver el habeas corpus solicitado, de acuerdo a lo que cuenta la periodista Patricia Blanco en Infobae.
La legisladora porteña del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), María Celeste Fierro, había presentado una demanda en busca de que se suspenda este mecanismo alegando que este vulneraba derechos y garantías de quien quisiera manifestarse. En esta línea, Fierro solicitó que se declare la inconstitucionalidad del procedimiento y una cautelar que frene su aplicación. El Protocolo comenzó a regir el 14 de diciembre pasado.
La demanda se presentó en la justicia electoral y de ahí pasó a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Allí, un juez de ese fuero se declaró incompetente y ordenó enviarla a la justicia criminal nacional, pero ese juez también lo rechazó. Finalmente, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió que el caso era de Comodoro Py, donde por sorteo le tocó al juez Casanello.
El juez le pidió informes al ministerio de Seguridad para que responda en 72 horas cuáles fueron los fundamentos jurídicos considerados para adoptar los lineamientos incluidos en el Protocolo y si existió un examen de adecuación a las normas internacionales de derechos humanos.
bullrich
Bullrich había defendido el protocolo sosteniendo que se había dictado “por la urgencia de la situación” y “la confusión introducida por una actitud pasiva sostenida durante mucho tiempo por las autoridades frente al desorden en la vía pública”. Alegó que esto había derivado “en una situación insoportable para la población que sufre esos actos ilícitos, en desmedro de su trabajo y de su calidad de vida”.
“El ejercicio de un derecho no puede servir para cometer actos ilícitos”, consideró Bullrich, y afirmó que si se hiciera lugar al reclamo la Justicia “se estaría entrometiendo en las competencias constitucionales e institucionales propias del Poder Ejecutivo”.
El fallo también ordena instruir a los agentes de las fuerzas policiales y de seguridad que se informe y se eleve inmediata consulta a las autoridades judiciales en el marco de su accionar. Citó específicamente el estándar de protección impuesto por las normas internacionales de derechos humanos, explicado y desarrollado por los Relatores Especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas del 23 de enero de 2024. Por último, ordenó convocar para el 14 de febrero a una audiencia de habeas corpus entre las partes en el juzgado: los representantes del Ministerio de Seguridad de la Nación, las accionantes y la fiscal Paloma Ochoa.
