El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció este viernes la eliminación de fondos fiduciarios por un total de 2 mil millones de dólares. Esta medida, según precisó el portavoz, representa un ajuste equivalente a medio punto del Producto Bruto Interno.
El portavoz del Ejecutivo explicó que la decisión se basa en la percepción de que estos fondos carecen de transparencia y forman parte de lo que denominó «cajas de la política».
Esta acción, previamente mencionada por el presidente Javier Milei en diferentes entrevistas, se encontraba incluida en la Ley Bases, un proyecto que quedó estancado en el Congreso después de que el Ejecutivo decidiera retirarlo.
Durante el debate legislativo, los gobernadores y otros sectores expresaron su oposición a la aprobación del inciso “h” del artículo 4° del proyecto, el cual otorgaba al presidente la facultad de intervenir en asignaciones específicas, fideicomisos o fondos fiduciarios públicos creados por normas con rango legal.
En esta etapa, el Poder Ejecutivo avanzará mediante un decreto, aunque Adorni no especificó cuáles serán los fondos fiduciarios afectados en esta primera instancia.
Los fideicomisos, técnicamente, son instrumentos legales que implican a tres partes clave: el fideicomitente, el fiduciario y el beneficiario. El primero transfiere ciertos activos al segundo, quien los administra según lo establecido en el contrato, en beneficio del tercero. En el caso de los fondos públicos, su uso ha generado críticas debido a su menor control y transparencia en comparación con el gasto público convencional.
En la práctica, los fondos fiduciarios, también conocidos como fideicomisos públicos, representan presupuestos enteros que afectan a las cajas provinciales. Esta situación ha generado oposición por parte de algunos gobernadores a la aprobación del inciso “h” del artículo 4° de la Ley Ómnibus.
Entre los fondos fiduciarios cuestionados se encuentra el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), destinado a promover la integración socio urbana de asentamientos registrados. Organizaciones sociales y piqueteras han expresado su rechazo a la aprobación de estos fondos.
Otros fondos fiduciarios conocidos incluyen el “Procrear”, el de Desarrollo Productivo, el “Estabilizador de Trigo Argentino” y el de Infraestructura Hídrica, entre otros.
