En medio de un escenario de tensiones legales y económicas, el gobierno de La Rioja elevó una petición urgente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, solicitando la suspensión completa de los efectos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).El instrumento que aplicó Javier Milei a pocos días de asumir la presidencia y que se encarga de desregular diversos aspectos de la economía argentina, es resistido por una decena de gobernadores, entre ellos, el de la provincia administrada por Ricardo Quintela.
Los abogados representantes de la provincia, Raúl Ferreyra y Eugenio Zaffaroni, fueron los encargados de redactar la petición ante la Corte Suprema, donde argumentaron que todas las condiciones requeridas para la resolución de la medida cautelar fueron cumplidas. En el escrito sostienen que tanto la Procuración General de la Nación como la Procuración del Tesoro respaldaron la competencia originaria del tribunal en este caso. En respuesta a estos fundamentos, La Rioja instó a la Corte a aceptar su competencia y a tomar medidas inmediatas para suspender los efectos del polémico decreto.
Quintela lidera este reclamo judicial, subrayando la gravedad institucional del DNU de Milei. En su presentación ante la Corte, Quintela denunció la usurpación de funciones legislativas por parte del Poder Ejecutivo, lo cual constituye, según él, una afrenta directa a la democracia y al sistema de pesos y contrapesos establecido por la Constitución Argentina. Además, adviertió sobre las peligrosas implicaciones de este decreto en el orden jurídico del país, comparándolo con intentos previos de desestabilización institucional en la historia argentina.
Es importante destacar que La Rioja no está sola en esta batalla legal contra el DNU de Milei. Otras entidades, como la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), también presentaron sus propias acciones legales ante la Corte Suprema, especialmente enfocadas en la parte del decreto que afecta la reforma laboral. Estos esfuerzos legales reflejan la preocupación generalizada por las implicaciones socioeconómicas y constitucionales de las políticas impulsadas por el gobierno de Milei.
