Las prioridades de los gobernantes de Salta, encarnados en la figura de Gustavo Saenz, gobernador de la provincia, están alejadas de la realidad desde hace tiempo. Lamentablemente esto costó la vida de muchos menores que han muerto a la deriva debido a un Estado abandónico a pesar de que este dice estar presente.
Así fue el caso de Griselda Pérez, una bebé de apenas dos años que falleció por desnutrición. Según los detalles médicos «se trató de una muerte súbita» y además señalaron, «la menor estaba baja de peso». Como si fuera poco, lo dramático no acaba allí, ya que su madre tuvo que velarla en su cama, envolverla en algunas sábanas y realizarse un modesto féretro hecho con cajas de cartón debido a la imposibilidad económica de brindarle algo mejor.
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Marcela Navarro, una vecina y amiga de la familia, detalló cómo los médicos, acostumbrados y desganados por los decesos infantiles, maltratan a las madres. En este caso, a la mamá de Griselda. «En la salita hay un solo médico, el Dr. Oscar Franco es como no tenerlo porque uno tiene los chicos enfermos, saca turno y él nos dice: ‘no pierdas el tiempo, andá a tu casa que se muere o anda a comprar el cajón’«, dijo Marcela.
Es por este caso y tantos otros que únicamente llegan a medios norteños, que el máximo tribunal salteño confirmó la medida cautelar que, desde enero del año entrante, obligará al Poder Ejecutivo de Salta a garantizar la presencia de facilitadores interculturales -dado que la mayoría de los doctores y enfermeras no entienden las lenguas nativas- y también deberán garantizar los albergues de tránsito en el Hospital Materno Infantil y los hospitales cabecera de los departamentos de emergencia.
Los decesos siguen en aumento, pero según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), en los primeros tres meses del año fallecieron 44 bebés y niños de las comunidades originarias en Salta, otros cinco más en el segundo trimestre y otros cuatro decesos más en las últimas dos semanas.
PORQUÉ ES RELEVANTE ESTA DECISIÓN JUDICIAL
Como primer punto tienen como prioridad la presencia de facilitadores interculturales integrantes de los pueblos indígenas porque esto colaborará en la comprensión, la toma de decisiones y el acompañamiento en todas las prácticas y emergencias médicas.
«Tienen la función de garantizar el conocimiento de las prácticas médicas, asegurarse de que las personas puedan entender lo que los médicos dicen, ya sea a nivel del propio lenguaje y también a nivel de las diferencias y las barreras culturales que existen. Por otra parte, podrán facilitar esa conversación que, en muchísimos casos, suele venir con un montón de prejuicios por parte del sistema sanitario respecto a las comunidades, a la discriminación, etcétera», explicó Francisco Rodríguez, abogado coordinador del Programa de Derechos Sociales de la Niñez de ACIJ.
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En cuanto a los albergues, detalló: «Es sumamente relevante porque en muchísimos casos, debido a las falencias estructurales que tienen los hospitales que están cerca de las comunidades originarias, no cuentan con los suficientes recursos tanto a nivel de profesionales como de insumos, por lo que deben transportarse cientos de kilómetros hacia los centros sanitarios de cada departamento».
Entonces, si bien estas «garantías» de derechos básicas nunca debieron dejar de implementarse o de ignorarse, a partir del año que viene con esta resolución se harán efectivos los cuidados básicos de las comunidades, porque se obligará mediante una resolución judicial al Poder Ejecutivo a hacer de efectivo cumplimiento el acceso a la salud pública digna.
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