Tras negarse públicamente a obedecer el dictamen de la Corte Suprema de Justicia, el presidente Alberto Fernández dio marcha atrás y afirmó que le transferirá a la Ciudad de Buenos Aires los fondos de la coparticipación.
A través de la red social Twitter, Fernández dispuso que se «reasignen los únicos recursos disponibles del ejercicio 2022 y los transfiera a una cuenta del Banco Nación a nombre del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires».
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El Estado Nacional ha sido notificado de la medida cautelar otorgada por la CSJN a favor de CABA.
— Alberto Fernández (@alferdez) December 26, 2022
A pesar de los comentarios desafortunados que tuvo en relación al fallo -y a los jueces-, el Jefe de Estado se retractó y explicó que a pesar de estar «convencido» de que el fallo no es justo, debe acatarlo como «único remedio posible» hasta que se resuelvan las cuestiones de fondo.
«Estoy convencido de que la resolución carece de los fundamentos exigidos a toda decisión judicial y por lo tanto está viciada, afecta legítimos derechos de las provincias argentinas y quiebra la igualdad sobre la cual se asienta el federalismo en nuestra Constitución Nacional», inicia el extenso hilo de tweets publicado esta mañana de lunes.
Luego, a pesar de que el fallo no lo detalla, el Presidente insistió en que esta medida afectará a todas las provincias del país: «Las políticas públicas que dispone el PEN se aplican en todo el territorio nacional; por lo tanto, si se afectan recursos de la Nación, se verá obviamente resentida la gestión del Estado Nacional en las provincias argentinas y éstas serán perjudicadas».
En otro tramo del comunicado informal, Fernández dice que «He instruido al Procurador del Tesoro para presentar un recurso de revocatoria “in extremis” contra la decisión judicial tomada, a fin de que se revise la medida cautelar dispuesta», añade en relación a su negativa.
Antes de oficializar cómo se le pagará a Ciudad los fondos de la coparticipación, el Jefe de Estado comentó que ordenó «recusar a los Jueces del máximo tribunal porque, habiendo fijado posición sobre la cuestión de fondo al dictar la medida cautelar, han prejuzgado contra el Estado Nacional, perjudicando sus cuentas y afectando los recursos de las 23 provincias argentinas», algo que ya había adelantado el viernes en diálogo con el periodista Pablo Duggan.
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A pesar de lo que había informado decidió avanzar con el cumplimiento del fallo y pagará con bonos a 90 días, porque consideró que debe «respetar las leyes vigentes». Por ello. Fernández instruyó a la Jefatura de Gabinete de Ministros para que «reasigne los únicos recursos disponibles del ejercicio 2022 y los transfiera a una cuenta del Banco Nación a nombre del GCBA. Se utilizarán bonos TX31 y se los pondrá a disposición del cumplimiento de la medida cautelar que impugnamos».
«Dicha transferencia comprenderá, en bonos, el dinero correspondiente a 90 días de vigencia de la medida cautelar, a la espera del fallo definitivo, o a una ley del Congreso que le asigne a este pago los recursos presupuestarios pertinentes».
Finalmente, Alberto Fernández explica que -en relación a su postura- decidió instruir al «Ministerio de Economía para enviar al Congreso un proyecto de ley para tratar en sesiones extraordinarias, que prevea presupuestariamente los recursos necesarios para hacer posible cumplir la manda judicial conforme dispone la Ley 23.982 en su artículo 22».
«Dicha norma deberá preservar el sistema federal vigente; no afectar los derechos reconocidos a las provincias argentinas y compensar las pérdidas que esta medida cautelar les produce», cerró.
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