El bloque del Frente de Todos de la Cámara de Diputados formalizó el pedido de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, (Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y, el presidente, Horacio Rosatti) a través de la presentación de un proyecto que aguarda en el Parlamento.
Con la firma del diputado nacional Eduardo Valdés, acompañado por más de una docena de legisladores del Frente de Todos, el oficialismo citó a los cuatro jueces del máximo tribunal, aunque estos no están obligados a asistir. Además requirieron la presentación de Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte Horacio Rosatti, y de Marcelo D’Alessandro (ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires).
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El Gobierno pretende debatir la filtración de los chats del funcionario porteño con el vocero del juez Rosatti y probar que hay connivencia política entre la Corte y el Gobierno porteño.
La presentación también pide que se convoque a los gobernadores provinciales que se sumaron, junto al presidente Alberto Fernández, al pedido de enjuiciamiento a la Corte. Así como también la presencia del procurador del Tesoro, Carlos Zannini, y del ministro del Interior, «Wado» De Pedro, entre tantos.
Además de los jueces, el proyecto pide que sean citados «todos los directores, secretarios, funcionarios y/o empleados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que hayan tenido intervención y/o pudieran aportar datos de interés respecto de los hechos denunciados». En total 48 personas, en calidad de testigos.
El proyecto de 410 páginas que lleva el número de expediente 6905-D-2022 ya ingresó al Parlamento y podrá ser tratado durante el periodo de sesiones extraordinarias que, según el Decreto 17/2023, se extenderán hasta el 28 de febrero.
FUNDAMENTOS
Como argumento principal, la iniciativa sostiene que «el juicio político que se promueve resulta ser un proceso constitucional llevado a cabo por un órgano constitucional (el Congreso de la Nación) con una función específica y exclusiva, tal como es la de analizar la responsabilidad política de los magistrados acusados y juzgar si aún mantienen la idoneidad necesaria para continuar ejerciendo adecuadamente el cargo que detentan, y de esta forma garantizar la calidad institucional, la legitimidad y credibilidad del Poder Judicial».
En línea con lo solicitado por el Presidente y gobernadores de provincias, anoche fue ingresado en la Cámara de Diputados el proyecto de resolución por el que se promueve el Juicio Político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.
El nro. de expediente es 6905-D-2022. pic.twitter.com/KkCn61m4mV
— Diputados de TOD☀S (@Diputados_Todos) January 13, 2023
«El juicio político cuya apertura se solicita es el procedimiento de destitución excepcionalísimo previsto en el artículo 53 de la Constitución Nacional, que en referencia a esta Honorable Cámara de Diputados y Diputadas expresa, ‘Sólo ella ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes'», detalla en otro tramo de la sección de fundamentos.
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Además explica que la finalidad de esta presentación y su avance «radica en que los funcionarios pasibles de él que incurrieran en alguna de las causales taxativamente previstas no continúen en el desempeño de sus cargos; el objetivo mediato es el ejercicio de uno de los controles políticos interórganos efectuado por el Poder Legislativo, sobre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial».
Tras detallar que es de crucial importancia priorizar la división de poderes para resguardar a la República, el extenso proyecto concluye: «Procuramos entonces, mediante esta presentación, brindar un equilibrio entre la estabilidad de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es decir el derecho a la permanencia en el empleo y la independencia del funcionario, con el justo derecho del Estado de desprenderse de aquellos funcionarios o magistrados que por falta de idoneidad física, intelectual o moral no pueden continuar en el ejercicio de sus funciones, que carezcan de condiciones mínimas de ecuanimidad, de imparcialidad y de rectitud y que obren al margen de la moral o de la ley, porque a la par que desprestigian la función pública, conspiran contra el buen nombre y estabilidad de las instituciones democráticas».
El proyecta lleva las firmas de los diputados nacionales Eduardo Valdés, Marisa Uceda, Marcelo Casaretto, Agustín Fernández, Julio Pereyra, Varinia Marín, Mabel Caparrós, Bernardo Herrera, Silvana Ginocchio, Gustavo González, Graciela Parola, Ricardo Herrera, Aldo Leiva, Blanca Osuna y Mara Brawer.
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