Durante dos meses del año 2012 varios transportes escolares de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires que estaban en reparación registraron inexplicables consumos de combustible. Por este hecho una persona procesada por “peculado en concurso real con fraude en perjuicio de la administración pública” llegó a juicio oral, aunque el fiscal desistió de la acusación, decisión que fue acompañada por el abogado representante de la Fiscalía de Estado bonaerense. Este expediente sacó a la luz un pastoso sistema de controles en la carga de combustibles en vehículos oficiales que pertenecen al gobierno provincial.
Bastaron apenas dos jornadas de audiencias en el fuero Penal de La Plata para detectar que algo no cerraba en el expediente. Según la acusación oficial “entre los meses de abril y mayo del año 2012” (gestión del exgobernador Daniel Scioli, hoy precandidato presidencial del Frente de Todos) se detectaron varias “cargas de combustibles de seis transportes escolares que estaban fuera de servicio”. El medio utilizado para pagar fue “tarjetas de débito Bapro Copres” medio de desembolso del Banco de la Provincia de Buenos Aires destinado exclusivamente al pago de combustible y lubricantes para toda la flota de automóviles oficiales del gobierno bonaerense. Cada vehículo tiene una tarjeta asignada.
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En la primera audiencia del debate oral declaró el acusado cuyos datos se mantienen en reserva ya que quedó libre de culpa y cargo. En un tramo de su versión contó cómo era entonces el mecanismo para hacerse de los fondos. “Los días viernes se cargaban (con fondos oficiales) todas las tarjetas de manera automática, había más de doscientas camionetas en toda la provincia de Buenos Aires (…) para que el lunes (siguiente) estén disponibles todas las camionetas” que no estaban en reparación. Se trata de vehículos que se utilizan para trasladar chicos con discapacidades a escuelas.
Las combis bajo la lupa judicial eran marca Mercedes Benz modelo Sprinter que fueron entregadas por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en un acto realizado en el estadio Ciudad de La Plata, detalló el ex acusado.
“Mi función era controlar a los choferes, que vayan a trabajar, fueron todos nombrados por punteros políticos, las camionetas tenían GPS. Recuerdo que había transportes escolares de las localidades de Quilmes, Ezeiza, La Matanza, Esteban Echeverría que cargaban en estaciones de servicio de La Plata, eso era muy raro, incluso se detectó (el pago de) una carga de GNC (cuando los vehículos son diesel)”, explicó el ex trabajador estatal que por esta causa fue echado luego de 32 años de servicios y ningún sumario anterior.
Durante el juicio surgieron otros nombres de posibles responsables, todos ex funcionarios de la gestión sciolista. Hay al menos cuatro personas que ya fueron identificadas, pero por el momento no hay ninguna medida judicial sobre ellos. El fiscal de juicio intentó por todos los medios citarlos para que declaren en el debate oral, pero todas las notificaciones oficiales fueron devueltas. La causa quedó a foja cero.
OTRA CAUSA CON ARREPENTIDO
Mientras este expediente estaba en pleno trámite se abrió otra investigación por un mecanismo similar, es decir el uso de tarjeta Bapro Copres de vehículos que estaban fuera de servicio, pero esta vez había más reparticiones oficiales en la línea de fuego. Todos los vehículos estaban inutilizables, tapados por pajonales, en un predio del Ministerio de Desarrollo Social, situado en 47 y 129, barrio El Dique, de la localidad de Ensenada, recordó una fuente del caso ante la consulta de Borderperiodismo.
En el año 2019, tras varios allanamientos, fueron detenidos y procesados Néstor Osvaldo Casado (ex director de Servicios Generales), Horacio Gabriel Mankowski (ex subdirector de Transporte Terrestre) Gustavo Chiramberro y Diego Burgos (ex jefes del Departamento de Combustible y Automotores). También quedaron involucrados playeros. Cuando el caso salió a la luz se suicidó un empleado de una estación de servicio Axion de la capital bonaerense. En los operativos, la policía incautó un yate (bautizado “Juntos a la par”), un motor home, cuatriciclos, motos de agua, motos de alta cilindrada y automóviles, entre ellos varios de alta gama, y un arma.
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Casado, presunto jefe de esta asociación ilícita, pidió ser testigo arrepentido y contó cómo fue la maniobra. Este caso fue investigado por el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta. Su trabajo fue ratificado por la jueza de Garantías Marcela Garmendia y la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata. El expediente ya fue elevado a juicio oral y está radicado en el Tribunal Oral Criminal IV a la espera del debate.
El arrepentido (figura discutida en la provincia de Buenos Aires) tenía un nivel de vida no compatible con sus ingresos, según recordaron fuentes judiciales. En sus redes sociales se mostraba en lujosos viajes de placer por el exterior y exhibiendo destrezas en motos de agua. Su sueldo como funcionario público era apenas superior a los 40 mil pesos mensuales, unos 850 dólares al cambio oficial de 2019.
En esta investigación se determinó que la maniobra defraudatoria data del año 2014, fueron cinco años de succión de fondos del erario, por lo que se sospecha que es millonaria la malversación de caudales en perjuicio de la administración pública provincial. “El circuito permitió extraer unos 300 mil pesos por mes, en promedio, durante 6 o 7 años”, recordó un funcionario en el palacio de Tribunales de la capital bonaerense.
Esta trama comenzó en abril de aquel año con la detención de un empleado de una estación de servicio expendedora de combustibles de la ciudad de La Plata, en el marco de un control vehicular. Fue identificado como Walter Cejas, quien se puso nervioso cuando se le requirió la documentación de la camioneta Grand Cherokee que conducía. En ese marco se le cayeron 15 tarjetas de débito y una suma de dinero de 50.000 pesos en efectivo.
Los efectivos policiales en el control vehicular comprobaron que Cejas tenía tarjetas de débito Bapro Copres, que utilizan los organismos públicos para cargar combustible en vehículos oficiales. Se cree que el dinero que llevaba era producto de la recaudación ilegal mediante el uso de las tarjetas. Luego se enteraron que el conductor del auto era en ese momento empleado de una estación de servicio y que la camioneta de alta gama era de su propiedad.
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