El intendente de Vicente López, Jorge Macri, presentó un amparo contra la restricción a la presencialidad en las aulas dictada en el decreto presencial 241/2021.
“La idea es que se mantengan las clases y con los protocolos (…) a pesar de las restricciones dispuestas por el Gobierno nacional. Quiero cuidar a la gente, pero esta no es una medida que lo haga. No sirve, están equivocados. Estamos encima del tema y gestionamos con responsabilidad», indicó Macri este mediodía en declaraciones a CNN Radio.
Sin embargo, ya por la noche, el dirigente de Juntos por el Cambio admitió que «es probable que las escuelas no puedan abrir el lunes» a pesar de haber declarado «esencial la educación municipal», porque es difícil que la justicia tenga una resolución para antes de ese día, o que exista un «acuerdo político» en ese sentido.
Desde su cuenta de Twitter, Macri estimó que la educación «es irremplazable«, y señaló que cumpliendo los protocolos de manera estricta, las aulas «no son focos de contagio» del COVID-19.
Por su parte, el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, hizo lo mismo que su colega y firmó un decreto para que «las clases puedan seguir impartiéndose de manera presencial». En el mismo, instruye a la Secretaría de Inspecciones y Registros Urbanos a seguir trabajando la Dirección de Epidemiología de Salud Pública para ampliar y actualizar «los protocolos sanitarios para que las clases puedan seguir impartiéndose de manera presencial«.
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Por otra parte, los colegios Esseri y Patris de la ciudad de La Plata informaron, a través de sus autoridades, que abrirían las puertas de sus recintos: “El día lunes, como siempre, los esperamos a todos. Es muy importante para nosotros contar con su apoyo, y resulta esencial que trabajemos juntos con mucha bondad y empatía. Educación es libertad. Sin educación y libertad, no se respeta la vida”, dice el mensaje que lleva la firma de los representantes legales del Esseri, de la localidad de Gonnet.
Ante la advertencia de ambas instituciones platenses, desde la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires señalaron que, de incumplir la disposición gubernamental, se violaría la Ley Provincial de Educación N° 13.688, que está amparada por el DNU, y podrían sufrir la cancelación de autorizaciones definidas en la normativa vigente y la apertura de un sumario por parte de Auditoría General.
SS
