Cuando Sofía Vera finalmente logró obtener un turno presencial en la única oficina que Omint dejó abierta para sus afiliados desde que comenzó la Pandemia, ya venía acumulando cuatro meses de reclamos virtuales. En todos, solicitaba lo mismo: que le recibieran la documentación para la renovación de las terapias que su hijo Máximo, de 10 años, realiza desde hace 8 años, cuando le diagnosticaron TGD, un trastorno general del desarrollo.
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Pero las cosas no salieron como esperaba: En Omint le dijeron que no la podían dejar pasar porque la pistola térmica con la que medían la temperatura marcaba “36.7” y aunque Sofía sabía que no tenía fiebre ni síntomas compatibles con Covid, regresó a Olivos con la cabeza baja y sin las autorizaciones.
Desde enero y hasta los primeros días de abril, su hijo pudo sostener su tratamiento -el cual está amparado por la Ley a través de su CUD, Certificado Único de Discapacidad, gracias al trabajo “gratuito” de sus terapeutas que no lo abandonaron.
El caso de Sofía no es el único. Hay alrededor de 40 familias que se agruparon bajo el nombre “Padres Omint” que comenzaron a tomar contacto a través de las redes sociales, unidos por la misma problemática: no pueden realizar trámites presenciales para sus hijos.
En 2015 Florencia González dio a luz a Magalí, quien necesitó un implante coclear al nacer cuando fue diagnosticada con hipoacusia, producto de un citamegalovirus.
Durante sus primeros meses de vida necesitó recibir una medicación crónica -Valganciclovir- con un valor por frasco de 2.500 euros. Pero además, Magalí -hoy de 7 años- recibe una serie de insumos anuales para mantener el implante: baterías y carcasas protectoras para el implante, por ejemplo.
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“El tema es que en 2021 Maga empezó psicopedagogía y junto con el neurólogo determinaron que ahora mi hija requiere más sesiones de terapia de las indicadas por Omint, ya que el mismo virus afecta una parte del cerebro que interfiere en la comunicación y el lenguaje”, describe su mamá, que en apoyo a su hija se tatuó en la cabeza un implante como el que tiene que usar su hija.
Ella fue la impulsora de un reclamo grupal presentado a la prepaga. Y organizó un mail masivo, con reclamos en común, de 40 familias. Hoy ya son 6o, que exigen, entre otras cosas, el pago de los traslados para llevar a sus hijos al colegio y a las terapias, contemplado en la Ley 24.901 gestada para garantizar una cobertura de salud gratuita e integral para los chicos con alguna discapacidad.
Los mails se enviaron en Semana Santa de este año y la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) está al tanto. ¿Qué dicen? #BORDER los consultó por este tema y esto respondieron:
¿Cuáles son los derechos de las personas con discapacidad ante la demora de 3 meses o más para la renovación de terapias o solicitud de nuevas?
Habiendo presentado toda la documentación establecida y obligatoria para hacer los trámites, en el caso que consideren excedido el plazo de respuesta de su Obra Social o Prepaga, todos los beneficiarios tienen el derecho de hacer el reclamo formal en la Salud. Ingresado en este link.
¿Puede una prepaga con cobertura nacional y afiliados con CUD centralizar todos sus trámites en una sola dependencia de, por ejemplo, CABA?
Las Obras Sociales y Prepagas están obligadas a dar las prestaciones médicas con servicios locales en su área de cobertura. Respecto de los temas administrativos, trámites y gestiones, no están obligadas a tener sedes físicas. Pero sí deben brindar los mecanismos y canales para que los afiliados puedan realizarlas.
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En estos casos, ¿Qué es lo que recomienda la Superintendencia para que no se vulneren los derechos de los chicos con discapacidad?
En los casos que cualquier beneficiario o afiliado tenga dificultades con su Obra Social o Prepaga pueden realizar el reclamo formal, con documentación respaldatoria, en la Superintendencia de Servicios de Salud ingresando en este link
A pesar de que los mails han llegado a la Superintendencia, muchos padres siguen a la deriva con las prestaciones de sus hijos. Sobre todo, aquellos que viven en distintas provincias argentinas.
Es el caso de Silvia Caballero, una mamá de Neuquén que al no recibir respuesta por la documentación enviada por mail de su hijo Matheo Vázquez, con TGD, armó una carpeta con los papeles y los envió a Buenos Aires a través del Correo Argentino a las oficinas de Omint en la calle Carlos Pellegrini.
Lorena, Cordobesa, es mamá de Agustín, tiene su CUD desde el 2021, con un diagnóstico de déficit de atención y coeficiente intelectual limítrofe y hace más de ocho meses no tienen respuesta, ya que en Córdoba dejaron una sola sucursal abierta y le explican que todo se centralizó en Buenos Aires. “Con esa excusa acá en Córdoba no podemos hablar con nadie de la prepaga y aparte de las demoras, no podemos mirarle la cara a nadie que nos de una respuesta o nos oriente sobre los papeles que presentamos. Nunca nos dieron el alta y mi hijo no puede empezar su tratamiento”.
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