La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, fue imputada este viernes por la tarde por el fiscal federal Ramiro González, por destinar, entre diciembre de 2020 y febrero de 2022, $535 millones a tres cooperativas de trabajo: Federación de Cooperativas de Trabajo 1 de Mayo Limitada, la Unión de Azul, Progreso y La Estrella. Presuntamnete, las cooperativas habían sido contratadas para brindar los servicios de “recolección de residuos”, “puesta en valor y embellecimiento de los espacios públicos”, “fumigación y control de plagas”, “adquisición de plantas ornamentales”, y “mantenimiento de plazas”.
También serán investigados el ex subsecretario de Hábitat del municipio, Sebastián Raspa, vinculado a la Cooperativa La Estrella y a la Federación de Cooperativas de Trabajo 1 de Mayo Ltda; Martín Bordalejo, un abogado y ex funcionario de Quilmes, que sería titular de sociedades y cuentas off shore; José Alejandro Scozzari, Romina Cangelosi, Alejandro Gandulfo y Cecilia Soler.
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La causa se abrió a partir de la denuncia del abogado Santiago Dupuy de Lomé, a partir de un artículo publicado en el portal periodístico El Disenso, donde se aseguraba que “fondos nacionales que se le entregan al municipio de Quilmes se utilizan para pagarle a cooperativas cuyos titulares son Raspa y Cangelosi«, quien fue funcionaria de la intendencia y sería la pareja de la referente de La Cámpora.
En tanto, Raspa tendría tres empresas offshore en Miami, hacia donde derivaría el dinero público, en las cuales figuraría como director Bordalejo, quien también sería funcionario municipal, socio y amigo de Raspa. «Las siete cooperativas de Raspa han obtenido una gran cantidad de contratos a raíz de su amistad con Mendoza que a sabiendas de eso le autorizó los contratos descuidando los fondos públicos que debe administrar”, manifestando que tales fondos no sólo eran direccionados hacia las referidas offshore, sino que también eran “para hacer caja para su agrupación política La Cámpora”.
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«La gente que prestaría funciones haciendo los trabajos que le son conferidos a Raspa recibían planes sociales otorgados por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, sin concedérsele remuneración alguna”, motivo por el cual “todos los fondos públicos van a parar a las arcas personales de Raspa y los demás con la venia de la intendente Mendoza y sus funcionarios”.
A partir de la denuncia, el fiscal González notificó al juez federal Ariel Lijo, y solicitó llevar adelante una serie de medidas de prueba, que incluye la compulsa del padrón de entidades del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social; informes al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES); y los datos sobre las cooperativas denunciadas. Asimismo, se pidieron informes a la Inspección General de Justicia y a la Dirección Provincial de Personas Jurídica.
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