Luego de la última cadena nacional de Alberto Fernández en la que apuntó y puso en la agenda pública un supuesto viaje a Lago Escondido, que realizaron un grupo de jueces, fiscales y empresarios de medios, el ministro de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro y hombres vinculados a la inteligencia nacional, el Gobierno oficializó el pedido del Jefe de Estado y presentó ante el Consejo de la Magistratura una denuncia contra los cuatro magistrados.
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La presentación formal la hizo el representante del Ejecutivo en el organismo, Gerónimo Ustarroz, y alcanza a Julián Ercolini, Pablo Yadarola, Carlos Alberto Mahiques y Pablo Gabriel Cayssials.
El escrito presentado apunta a los magistrados por «mal desempeño» y advierte que «como jueces federales debieron extremar prudencia». En esa línea, plantea que el objetivo es «determinar si mantienen, o no, las condiciones exigibles a todo juez de la Nación, para continuar ejerciendo sus cargos».
«Las circunstancias no pudieron ser desconocidas por los magistrados aquí denunciados que, como jueces federales, deberían haber extremado su deber de prudencia para mantener la equidistancia, la objetividad y, en consecuencia, un estándar de imparcialidad aceptable a la luz del derecho positivo como así aquel que emana de los tratados y convenciones internacionales que versan sobre el deber de imparcialidad de los magistrados, lo que les hubiera permitido mantenerse a resguardo de toda sospecha con relación a su intervención y/o actuación en las causas a su cargo», describe la denuncia.
Uno de los mencionados por el Presidente y varios de los principales dirigentes y funcionarios del oficialismo, fue el ministro porteño de Seguridad, Marcelo D’Alessandro, quien denunció (informalmente) que su teléfono celular fue hackeado, pero que los chats filtrados no son más que una «creación». En una de las capturas de los chats de Telegram filtrados se puede leer que el funcionario de Larreta amenaza al titular de la PSA, José Glinski: «Dame el gusto de ir a buscarlo con un patrullero nuestro que lo hago cagar», le escribió a uno de los integrantes del grupo en relación a Glinski.
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Dos días después del pedido de Alberto Fernández, a través del Ministerio de Justicia, Martín Soria presentó otra denuncia en la fiscalía federal de Bariloche contra los mismos jueces, pero también incluyendo al resto de los integrantes que viajaron al Sur. En esta presentación se los acusa de incumplimiento de los deberes de funcionario público y admisión de dádivas. En cambio en la otra denuncia acusan a los cuatro de ofrecimiento de dádivas por el vuelo privado y el alojamiento en la estancia del magnate británico Joe Lewis, según detallan los mensajes filtrados.
Desde el oficialismo apuestan a esta última carta expuesta por el diario Página 12 para intentar sustentar la teoría de Cristina Fernández de Kirchner que dijo que los jueces ya habían acordado su condena con anterioridad y que no se trata más que de una persecución política. Por ello, casualmente, un día antes de darse a conocer el fallo condenatorio contra la Vicepresidente, Alberto Fernández salió en cadena nacional y realizó un insólito pedido al Ministerio de Justicia y al Ministerio Público Fiscal.
«Espero que todos tomemos conciencia de la gravedad de los hechos. Lastima la democracia ver la promiscuidad antirepublicana con la que se mueven algunos empresarios, algunos jueces, algunos fiscales y algunos funcionarios. Hasta aquí se han sentido impunes. Es hora que empiecen a rendir cuenta por sus conductas», sentenció Fernández el lunes.
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