Una organización no gubernamental que defiende los Derechos Humanos denunció a la jueza Ana Clara Pérez Ballester por «incumplimiento de los deberes de funcionario público». Esto se debe a que la jueza, en el año 2020, le otorgó la tenencia del menor a su madre, Magdalena Espósito Valenti y a su pareja, Abigail Páez, quienes están ahora acusadas de asesinar, torturar y abusar sexualmente del niño de cinco años.
«Tuvo varias alertas para evitarle le muerte a Lucio y no sabemos si por una cuestión ideológica no cumplió con los deberes de una jueza de familia», comentó en radio Mitre Raúl Magnasco, presidente de la Fundación Más Vida, la organización que impulsó la denuncia contra la magistrada días previos a que se conozca el veredicto contra las imputadas.
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«La denuncia se hace contra todos los funcionarios públicos que hubieran debido intervenir en el proceso. Es difícil pensar que la jueza no tuviera información o sospecha del contexto en el que se encontraba la vivienda definitiva», agregó el titular de la organización, que además recordó que cada vez que Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez iban a buscar a Lucio a la casa de la familia paterna «siempre había llamados a la policía, discusiones en la puerta, o que cuando tenían que devolverlo no lo hacían».
Tras esos indicios, desde la ONG también comentaron que las denuncias de Cristian Dupuy, padre de Lucio, fueron ignoradas y minimizadas: «Fue varias veces a la Justicia y nadie le dio la más mínima atención», asimismo puntualizó que a dos meses de brindarles la tenencia del infante, Espósito y Lucio ya habían ingresado al hospital por heridas: «Las torturas y vejaciones a las que fue sometido ocurrieron en un año, son difíciles de ocultar o pretender que nadie se enteró», sostuvo Magnasco.
Ante la repercusión de que la madre de Lucio había exigido la tenencia para cobrar ayudas sociales, el titular de la fundación respondió: «Una de las versiones que circula es que en tiempo de pandemia ella no tenía trabajo y de esta forma podía acceder a la asignación que le corresponde por hijo». «Está claro que no lo querían, eso surge de los chats, la forma en que lo adjetivaban era irreproducible; todos los indicadores estaban al alcance de la mano, casi todo el tiempo estaba con fracturas», fundamentó.
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Ante lo expuesto, Magnasco insistió en que el asesinato de Lucio se podría haber evitado si la jueza pampeana cumplía con sus deberes, tales como corroborar que el ambiente en el que fuera a vivir el menor sea digno, así como también la salud mental de sus cuidadoras.
«Estamos ante un evidente caso de mal desempeño. Cuando la custodia de Lucio fue entregada a sus tíos, los sometieron a todos los estudios ambientales posibles. Sin embargo, cuando se trató de entregarlo a la pareja responsable de su tortura y muerte, la jueza incumplió los controles, lo que derivó en la muerte evitable de Lucio. Si tan solo hubiera ordenado los controles del caso», comparó.
Hacia el final de la entrevista el denunciante, expresó: «Confiamos en que la fiscalía asuma su rol y que la jueza Ballester, como mínimo, de un paso al costado. Lucio perdió la vida de la peor manera, pero quién sabe cuántos niños más se encuentran en peligro en este mismo instante por el accionar de esta jueza».
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