Mavys Álvarez recurrió a la justicia a mediados del 2021 para denunciar que había sido víctima de abuso sexual por parte de Diego Armando Maradona hace más de 20 años. Con material fotográfico, la víctima aseguró haber sido corrompida por el astro del fútbol durante su paso por su país cuando ella tenía 16 años. Luego, viajó a Argentina con la presunta colaboración del entorno de él y la posible connivencia de funcionarios de migraciones, aunque esta última teoría está siendo evaluada.
Instalada en Buenos Aires, Álvarez fue intervenida por un cirujano local quien le practicó una cirugía de implantes mamarios a pedido de Maradona, según ratificó en su denuncia. Los abogados querellantes, Gastón Marano y Marcela Scotti, presentaron una gran cantidad de pruebas que incluyen cartas enviadas por el ex futbolista donde este le expresaba su amor y fotografías donde se los ve juntos en diversas situaciones, ambos argumentos dan cuenta de la relación íntima que tenían.
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La presentación judicial incluyó una larga lista de delitos que se le atribuyen al ex 10 de Argentina, entre ellos están: «Reducción a la servidumbre, trata de personas agravada, incumplimiento de los deberes de funcionario público y/o cohecho, privación ilegal de la libertad, suministro de drogas a una menor de edad, ejercicio Ilegal de la medicina, lesiones y corrupción de menores».
Además de Diego Armando Maradona, se encontraban imputados Carlos Ferro Viera y Gabriel Buono, aunque ambos fueron sobreseídos por un dictamen del fiscal Carlos Rívolo. En otros casos, como el de Omar Suárez, la querella desistió de acusarlo por falta de pruebas.
Finalmente en abril del 2022, la Sala II de la Cámara Federal confirmó la decisión y declaró extinta la acción penal, en motivo de prescripción del delito, por el simple paso del tiempo. No obstante, la defensa de Álvarez presentó ante la Cámara en Comodoro Py un pedido rara vez visto y nunca antes concedido en los tribunales argentinos: requirieron un «juicio a la verdad» para esclarecer el caso, para que la Justicia diga si los acusados son culpables o inocentes.
ÁLVAREZ PIDIÓ POR UN «JUCIO DE VERDAD»
En el caso de que la Justicia avance con esta petición, los acusados no recibirán pena sino que se trata únicamente de un proceso donde se busca resarcir a la víctima mediante la probación de sus dichos.
En el escrito presentado hace unos meses, Marano y Scotti pidieron que «en caso de confirmarse la prescripción de la acción penal, se habilite un proceso de determinación de la verdad», y ampliaron: «Corresponde aplicar retroactivamente el régimen actual, artículo 67 del Código Penal, para garantizar el derecho de las víctimas a la tutela judicial efectiva –que fue el espíritu que guio las sucesivas reformas del Código Penal al respecto– y acordar al régimen un significado y alcance compatible con los tratados de derechos humanos vigentes. La jurisprudencia de la Corte Suprema impone el análisis concreto de cada caso y no la aplicación rígida y abstracta de la normativa».
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Según sus abogados, Álvarez no cuenta con «los recursos necesarios para averiguar la verdad por sí sola», por ello solicitaron al Estado que acepte su pedido.
ANTECEDENTES SIMILARES
Marano, quien logró condenar a Jonathan Fabbro al representar a la víctima, aseguró al medio Infobae que «en el caso de de niños y niñas, debido a que por su vulnerabilidad las víctimas tardan años, incluso décadas en sanar y poder denunciar, muchas veces se consagraron impunidades que permitieron que los abusadores sigan actuando. Para los casos en que estos delitos están prescriptos, el sistema judicial está desarrollando anticuerpos contra la impunidad. Esos anticuerpos toman la forma de ‘juicios por la verdad'».
En ese contexto, admitió y finalizó: «Es cierto que no pueden terminar en una pena, pero permiten que la víctima se empodere contando su historia, siendo escuchada. Muchas veces es más importante para la víctima ser escuchada que ver tras las rejas a su abusador».
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