En las últimas horas, el Frente de Todos llamó a tratar en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires un proyecto de ley que busca crear un registro de repartidores de comida que utilizan plataformas digitales como Rappi o PedidosYa. Los trabajadores se alarmaron al enterarse que el gobierno provincial podría tener atribuciones que los afecten, tanto a ellos como a empleadores.
El periodista Carlos Manzoni detalló en La Nación que el proyecto ya fue aprobado en el Senado bonaerense y está muy cerca de ser ley si sigue los mismos pasos en la reunión de esta tarde. Omar Plaini, senador y dirigente del gremio de Canillitas, fue quien impulsó el proyecto principal, aunque sus opositores aseguran que puede derivar en una relación de dependencia por parte de los empleadores.
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Las principales apps cuentan con más de 25.000 repartidores en toda la provincia, quienes se convocaron en la puerta de la legislatura para este martes: “La provincia de Buenos Aires quiere cerrar las aplicaciones”, aseguraron en un comunicado. Y agregaron: “Defendamos nuestra fuente de ingresos”.
Además, legisladores de la oposición aseguraron que esto pone en peligro los miles de puestos de trabajo. Sergio Siciliano, diputado bonaerense por Juntos Por el Cambio, habló sobre el tema y detalló: “Esta es la puerta de entrada para regular a los repartidores como empleados de las empresas por parte del Poder Ejecutivo, con lo cual podrían empezar a cobrarles impuestos”.
Más adelante, el diputado aseguró que “es muy probable que salga porque [el Frente de Todos] tiene mayoría”. Desde el mismo espacio, afirmaron que no se oponen al registro, método que ya existe en jurisdicciones como CABA o Córdoba, pero si disienten en que el gobernador cuente con facultades sobre las condiciones laborales.
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EL FRAGMENTO DE LA LEY APUNTADO
El artículo 7° del proyecto enumera: “El poder ejecutivo deberá mediante la autoridad de Aplicación: a) Fijar las condiciones y requisitos de inscripción. b) Identificar a las personas jurídicas, empleadoras, prestadoras titulares y/o plataformas intermediarias de esta actividad e individualizar a los trabajadores/ras habilitados. c) Controlar las condiciones del servicio y el efectivo cumplimiento de las normas, derechos y obligaciones que conlleva esta actividad. d) Determinar las condiciones y plazos para la inscripción, así como las sanciones y responsabilidades que deriven de su incumplimiento. e) Exigir a las personas jurídicas, empleadoras, prestadoras titulares y/o plataformas intermediarias (APP) que denuncie la Aseguradora de Riesgos del Trabajo a la cual pertenecen sus trabajadoras y trabajadores; f) Exigir a las personas jurídicas, empleadoras, prestadoras titulares y/o plataformas intermediarias (APP), que denuncien el horario de conexión y desconexión que integran la jornada de las trabajadoras y trabajadores”.
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