La vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner, dio inicio a la semana reiterando su deseo de desplazar a la jueza federal, María Eugenia Capuchetti, en la causa que investiga el intento de homicidio que sufrió en las afueras de su residencia en Recoleta.
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La expresidente anunció en Twitter su presentación: «En épocas de derechas violentas, anoche se presentó recusación contra la Jueza Capuchetti por su dependencia con el Ministerio de Seguridad de CABA, el mismo que cercó mi casa con vallas e hizo inteligencia en mi domicilio antes y después del atentado».
En épocas de derechas violentas, anoche se presentó recusación contra la Jueza Capuchetti por su dependencia con el Ministerio de Seguridad de CABA, el mismo que cercó mi casa con vallas e hizo inteligencia en mi domicilio antes y después del atentado.https://t.co/ty0TjqBV2J
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) January 9, 2023
Los abogados de Cristina Kirchner, José Manuel Ubeira y Marcos Andazabal, ya habían recusado a la magistrada el pasado 14 de noviembre, y ahora volvieron a pedir su apartamiento del caso: «El día viernes se conoció públicamente que la jueza Capuchetti tiene un ‘trabajo’ rentado en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».
Los letrados afirmaron que «lo sucedido afecta gravemente la imagen que tanto las partes como la sociedad tenemos de la jueza (ya era muy mala, ahora es peor). De este modo, se configura lo que se conceptualiza como una falta de imparcialidad objetiva», estas recriminaciones surgieron luego de la viralización de varias imágenes que asocian a Capuchetti con la cartera de Seguridad de la Ciudad.
En ese sentido, los representantes de la Vicepresidente insistieron en que es importante impedir que «intervengan jueces parciales o que parezcan parciales, el instituto de la recusación también procede cuando la falta de imparcialidad es evidente de modo genérico».
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Por eso, los abogados hicieron una extensa lista detallando sus fundamentos. En primer lugar, el escrito hace mención a los archivos que se dieron a conocer el viernes a última hora, donde se conoció que la jueza «Capuchetti cobra un sueldo del ISSP desde el 2014». Según los letrados, el Instituto no es un órgano con fines académicos, sino políticos, por lo que es evidente que la jueza no puede seguir al frente de la investigación del intento de asesinato contra CFK.
- «Es central aclarar que el ISSP no es un órgano con fines académicos, sino políticos. Aun si realiza actividades académicas, estas actividades tienen un objeto estrictamente político. Esto es central porque implica que participar en el ISSP equivale a participar en una dependencia del Poder Ejecutivo, y no en una dependencia académica, más allá de lo que se haga en el organismo».
- «Aun si Capuchetti efectivamente da clases e investiga en el marco del ISSP, es explícito que esto no tiene un fin académico, sino “apoyar a la conducción política” del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».
- ·»De hecho, la Policía de la CABA tiene una dependencia académica, pero no es esta, sino el Instituto Universitario de Seguridad de la Ciudad. El ISSP, en cambio, no es una universidad. No depende de Educación, sino de seguridad», agrega seguidamente.
- «El ISSP indicó que Capuchetti realiza actividades de docencia. Sin embargo, lo cierto es que el lugar en el que consta que se desempeña, el Observatorio de Políticas de la Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no tiene dentro de sus funciones actividades de docencia o capacitación. Este Observatorio se enfoca en tareas de investigación científica y planificación de políticas públicas en materia de seguridad ciudadana, actividad propia del Poder Ejecutivo y, por lo tanto, incompatible con la función judicial».
Para finalizar los abogados concluyen en que no apuntan a Capuchetti para incomodarla, sino porque es «una mala jueza»: «Más allá de esto, nuestras consideraciones relativas a que Capuchetti es una mala jueza y que además tiene una actitud que parece encubridora son genuinas, tienen que ver estrictamente con el trámite procesal y estamos obligados a hacerlas».
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