El año pasado, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos decidió demandar a a la plataforma Uber, con el argumento que es ilegal que la app le cobre una tarifa superior y diferenciada a personas con discapacidad por el “Waiting Time” (“Tiempo de espera”) que le ocasiona a sus choferes. La plataforma le cobraba esta tarifa a las personas con movilidad reducida, ya que debían utilizar más tiempo para subirse a un automóvil, al tener que guardar su silla de ruedas.
Al llegar a la instancia de mediación entre ambas partes, se falló que Uber deberá pagar u$s 1.738.500 a casi 1.000 usuarios que denunciaron esta práctica del “Waiting Time” como discriminatoria, además de u$s 500.000 a otros que fueron considerados por el Departamento de Justicia como afectados o perjudicados por la política de Uber.
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Además, según el acuerdo, Uber deberá renunciar a sus tarifas del tiempo de espera para cualquier pasajero que certifique que él, o quien viaja, necesita de mayor tiempo debido a una discapacidad. El acuerdo también incluye que la app debe anunciar la opción de exención de la tarifa, así como capacitar a sus conductores sobre la misma.
ANTECEDENTES
Desde 2016, la plataforma cobraba una tarifa extra a sus usuarios desde los dos minutos en que el vehículo llega a “levantar” a alguien, hasta que comienza el viaje en sí. Este tiempo, por supuesto, es mayor para personas con movilidad reducida, ya sea para acceder e ingresar al vehículo, como para guardar su silla de ruedas. Esto ocasionó la demanda del el Departamento de Justicia estadounidense.
En una investigación de 2017 Rachel Reed, investigadora de la Universidad del Estado de Georgia, hace mención de los artilugios legales que utiliza Uber para no hacerse cargo de la discriminación que conductores asociados a la plataforma hacen con los usuarios que poseen sillas de ruedas o limitaciones de movilidad.
Allí se enumeran casos (del año 2015 en adelante) donde choferes de Uber se negaron a transportar a pasajeros que solicitaron un viaje cuando se dan cuenta que tienen una silla de ruedas. Esta forma de discriminación a personas con silla de ruedas es una violación al Acta de Derechos de Discapacidad de 1990, donde se garantiza derechos a las personas con discapacidad para el acceso al trabajo, transporte y servicios de comunicación. Esta acta prohíbe la discriminación en transporte público o privado a personas con discapacidad.
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Uber argumentaba que, como los vehículos no fueron acondicionados por la empresa, la adaptación le correspondía a los choferes. Esto, en un principio, para la empresa no era discriminación, ya que ellos argumentaban que su función principal no es proveer viajes, sino una plataforma donde conductores y pasajeros puedan conectarse.
La presión mediática y las quejas de los usuarios con discapacidades conllevaron a la plataforma a tener que replantear su política sobre este aspecto. Por eso lanzaron servicios como Uber Assist (“Uber asiste”), donde conductores especializados ayudan a personas con discapacidades o adultos mayores
También lanzaron Uber WAV, siglas para Wheelchair Accessible Vehicles (“Vehículos accesibles con silla de ruedas”) donde garantizan vehículos especiales con sistemas para poder transportar sillas de ruedas.
Tras el fallo Carrisa Simons, portavoz de Uber, mencionó que las tarifas de espera de la compañía en el año 2020 dentro de los Estados Unidos fueron de 60 centavos de dólar promedio, y que nunca se le cobró este monto para los usuarios de Uber Assist y Uber WAV. Además indicó que los usuarios desde hace tiempo pueden pedir un reembolso de esta tarifa desde el sitio web o la app de Uber, y que esto es parte de su política de inclusión.
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