El presidente Javier Milei acaba de modificar, por medio dell decreto Decreto 188/2024, el esquema de implementación del Código Procesal Penal Federal. Así lo informó el ministerio de Justicia, a cargo del ministro Mariano Cúneo Libarona, mediante un comunicado donde se establece que el régimen procesal penal sancionado en 2014 “introduce un modelo de justicia oral, ágil y eficaz, que moderniza los mecanismos de persecución penal e incorpora nuevas herramientas para la investigación del narcotráfico, la corrupción y la trata de personas, entre otros fenómenos criminales que forman parte de la competencia de la justicia federal”.

Dicho comunicado elogiaba la modificación de la ley, ya que “establecía que la puesta en vigencia del régimen procesal estaba a cargo de una Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Honorable Congreso de la Nación”. Y luego contaba que si bien esta Comisión Bicameral había habilitado el nuevo sistema en Salta y Jujuy en 2019, se había frenado su implementación y ya no se registraban “nuevos avances”.

De acuerdo a la opinión del ministerio de Justicia y, por tanto, del gobierno, ese estancamiento impidió “el avance del sistema procesal y perjudica seriamente el funcionamiento de la justicia federal”.

“En la actualidad, el Código Procesal Penal Federal coexiste con el sistema anterior, que es lento, burocrático e ineficiente. Es fundamental concluir la reforma sin demora, y brindar a las fiscalías las herramientas necesarias para investigar y combatir el crimen organizado, así como otros delitos que tanto afectan a nuestra sociedad”, puntualiza el comunicado.

Según el texto, este decreto firmado por Milei «corrige el esquema de implementación de esta política de Estado, y le asigna al Poder Ejecutivo Nacional la responsabilidad de impulsar las acciones técnicas y propiciar las adecuaciones reglamentarias pendientes para completar la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en el resto del territorio nacional”.

El proceso será liderado por el ministerio de Justicia en coordinación con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Poder Judicial de la Nación, la Procuración General de la Nación, la Defensoría General de la Nación el Consejo de la Magistratura de la Nación y los colegios de abogados.

A modo de conclusión, el ministerio de Justicia se compromete a lograr “un único sistema procesal federal en todo el país” con el fin de conseguir “un servicio de justicia más rápido, efectivo y moderno”.

El viernes, Cúneo Libarona había adelantado algo de esta iniciativa por medio de un tuit en su cuenta de X: “Es prioritario que se reanude la aplicación del sistema acusatorio para darle a los argentinos un sistema de justicia que sea justo”.

El Código Procesal Penal aprobado hace casi diez años implicaba, entre otras cosas, una modificación en el sistema acusatorio, el cual empoderaba a los fiscales con el fin de investigaciones más rápidas. A fines de 2015, apenas iniciado el gobierno de Mauricio Macri, se dispuso que el nuevo código iba a entrar en vigencia progresivamente, según se lo dispusiera la comisión bicameral que monitoreaba su implementación.

Pero en 2019, cuando ya se comenxzaba a aplicar en Jujuy y Salta y estaba a punto de aplicarse en Mendoza y Rosario, ese proceso de detuvo. Hoy rige solo en las provincias nortelas, en donde la mayoría de las condenas son por narcotráfico y contrabando. Nunca se avanzó en otros puntos del país y la superposición de los dos sistemas generaban complicaciones para la Cámara Federal de Casación Penal en las causas.

Según se resaltó en el texto del decreto, publicado en el Boletín Oficial, la falta de aplicación del Código en casi la totalidad del territorio nacional dificulta la labor del Ministerio Público, la conformación de las unidades fiscales y la designación de los fiscales generales de distrito, al tiempo que “frustra el diseño y la ejecución de la política de persecución penal” y “resigna herramientas fundamentales para enfrentar de modo eficiente los fenómenos criminales que forman parte de su competencia”.

“La plena operatividad del nuevo ordenamiento procesal penal resulta impostergable dada la necesidad de contar con una estrategia proactiva de persecución penal, de castigar a los responsables de crímenes graves -como la corrupción, el narcotráfico, la trata de personas, entre otros- y de tutelar a las víctimas del delito. En este sentido, la crisis que experimenta el sistema institucional es un correlato de la crisis económica ya descrita en los fundamentos del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70 del 20 de diciembre de 2023″, se advirtió en el decreto.

Y se subrayó que los datos de la Asociación Transparencia Internacional que en su última edición ubicó a la Argentina quedó 98 en la lista de 180 país evaluados por percepción de corrupción. “El resultado obtenido responde especialmente a la ausencia de mecanismos institucionales efectivos para investigar y sancionar la corrupción gubernamental, lo cual representa una prioridad del Gobierno Nacional”, se afirmó.

Según se señala en el decreto, la aplicación del nuevo sistema procesal es imperiosa porque brinda un sistema más eficaz para atender el recrudecimiento de la violencia proveniente del crimen organizado.

A partir de ahora, será el Ministerio de Justicia el que establecerá el cronograma para la implementación progresiva, y diseñará propuestas de readecuación edilicia, de recursos y de personal en razón de los requerimientos del proceso de implementación del Código en la Justicia Federal y Nacional Penal y de programas de capacitación de los operadores, y elevarlas a los órganos competentes. También creará un consejo asesor institucional y consultivo con representantes del Consejo de la Magistratura, los colegios de abogados, las asociaciones de magistrados y fiscales y defensor, gremios y actores de la sociedad civil.

Sin embargo, en los tribunales hay dudas: ¿de dónde van a salir los recursos para poder implementarlo? La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN), la entidad que nuclea a los fiscales federales y nacionales de todo el país, había cuestionado a Cúneo Libarona en diciembre pasado, cuando deslizó la iniciativa de avanzar en la implementación del sistema acusatorio, a pesar de no aumentar los recursos ni el financiamiento bajo el mantra de que “no hay plata”.

“Resulta riesgoso para la legitimación del mecanismo y de sus operadores, que el traspaso integral del sistema penal mixto a un acusatorio y oral se haga con los recursos y herramientas existentes”, expresó la entidad. A modo de ejemplo, poner en marcha el sistema acusatorio en Salta y Jujuy costó, en 2019, una cifra estimada en cinco millones de dólares.