Al gobierno le toca trajinar con algunas de las concesiones de empresas públicas que privatizó el menemismo y comienzan a vencer desde 2021, como la Hidrovía, que blanqueó una puja entre el ministerio de Transporte y el kirchnerismo y cuya indefinición –caduca el próximo 30 de abril- disparó para el lunes 22 una protesta gremial. Esta compulsa entre los sectores del Frente de Todos, uno más estatista y otro más “racional”, también provocó cierta decepción en dirigentes del oficialismo que vieron caer ambiciosos planes analizados durante los primeros meses de gestión, como la creación de empresas estatales de nanotecnología y para la elaboración de productos químicos.

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Las privatizaciones a 30 años que elaboró el gobierno del ex presidente Carlos Menem, fallecido el pasado 14 de febrero, comienzan a tener fecha de vencimiento: este año también caducan dos terminales del Puerto de Buenos Aires que, merced a una prórroga ejecutada a fines de 2020, tendrá tiempo hasta mayo de 2022 para re-licitarse. Entre 2023 y 2025, en tanto, finalizan los contratos de las represas hidroeléctricas patagónicas, como El Chocón, Pichi Picún Luefú o Piedra del Águila, y en Energía aún estudian qué mecanismo instrumentar para garantizar la continuación de la operación de las mismas.

El tema más sensible por estas horas es la Hidrovía, “la autopista fluvial” que corre por los ríos Paraná y Paraguay, por la proximidad de su vencimiento. Además, puso de manifiesto la tensión entre referentes del kirchnerismo, como el senador Jorge Taiana, y el ministro de Transporte, el massista Mario Meoni, a cargo de la renegociación. Esta polémica llevó al presidente Alberto Fernández a intervenir y declarar que “no estaba pensando en prorrogar la concesión” actual, una de las preocupaciones del Instituto Patria donde, además, insisten con que se ejecute el dragado para el nuevo Canal Magdalena.

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Lo cierto es que la indefinición llevó a la FEMPiNRA (federación de gremios portuarios) de Juan Carlos Schmid, ex triunviro de la CGT, a anunciar una protesta por el riesgo de la pérdida del empleo de unos 800 trabajadores que operan las dragas, lanchas hidrográficas, balizadores o bien son talleristas. A dos meses y medio del fin de la concesión, Transporte aún no publicó los pliegos y tampoco se conocen oferentes.

En diálogo con #BORDER, Schmid dijo que “el plazo se vence y la gente entraría en un limbo más allá de las promesas del gobierno de preservar las fuentes de trabajo con el nuevo concesionario. Pero quiero todo por escrito, no puedo esperar a que caduque todo”. Y, en este contexto, anunció que el lunes próximo “vamos a hacer asambleas con interrupción de tareas en todo el corredor norte”.

Acerca de la posibilidad de que aparezca una entidad estatal para hacerse cargo de la operación, el titular de Dragado y Balizamiento se preguntó “con qué se podrían hacer cargo. Donde empezarían a dragar… Estamos de acuerdo con la realización del Canal Magdalena, pero acá se vence una ruta. Son dos cosas distintas”.

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Es que hay sindicalistas que, al igual que Taiana o el director del Banco Nación, Claudio Lozano, están a favor de la estatización del servicio. La ex diputada Alcira Argumedo, planteó hace unos días, a través de su cuenta de Twitter, “¿Por qué el complejo agro-exportador teme que la Hidrovía -por donde pasa el 80% de nuestras exportaciones- tenga un control público? ¿Por qué tratan de descalificar al Canal Magdalena? Algo está podrido en la Hidrovía diría Shakespeare”. Una muestra más de las tensiones hacia dentro y fuera de la coalición oficialista por la resolución del tema.

¿Por qué el complejo agro-exportador teme que la Hidrovía -por donde pasa el 80% de nuestras exportaciones- tenga un control público?

¿Por qué tratan de descalificar al Canal Magdalena?

Algo está podrido en la Hidrovía diría Shakespeare

— Alcira Argumedo (@AlciraArgumedo) February 12, 2021

Más tranquilidad hay en la Administración General de Puertos que, en silencio, planifica una licitación a 10 años de las dos operadoras del Puerto de Buenos Aires que terminan su período de administración. Para agosto se espera el inicio de un proceso licitatorio internacional, que demoraría aproximadamente un año. “La AGP ha trabajado activamente, pero esto es una política que depende de Transporte”, cerró Schmid.

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La pulsión por el estatismo de un sector del FdT emergió a comienzos del año pasado con la frustrada expropiación de la cerealera Vicentin. Es que durante el primer año de gestión y con la mística del primer kirchnerismo, en el Ejecutivo también se analizó la creación de empresas estatales que sean “testigo” en actividades avanzadas como lo son la “nanotecnología y la producción de químicos”. El devenir de la crisis profundizada por la pandemia archivó, por ahora, tales iniciativas. “No es un tema de plata sino de voluntad” azuzó una fuente del oficialismo, que supo trajinar en la campaña electoral de 2019.

A algunos dirigentes del FdT tampoco les simpatiza que “un privatizador” como el ex secretario de Energía menemista Carlos Bastos, que participó en la liquidación de SEGBA y Gas del Estado, sea desde mayo pasado “director independiente” en Metrogas. La administración de la distribuidora de gas domiciliario del AMBA caduca recién en 2024, al igual que las otras 8 firmas que alumbradas por la disolución de la histórica sociedad del estado, en 1992.

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Con todo, hay en forma indirecta intervención estatal en esta empresa: es que el 70% del paquete accionario lo controla YPF. La mayoría de los directores están vinculados a la petrolera nacional. ¿Bastos? “Llegó ahí por intermedio de su ex compañero de gabinete, José Luis Manzano”, deslizó, con malicia, la fuente oficial consultada al referirse al ex ministro del Interior que está por convertirse en uno de los dueños de Edenor. Hoy tiene una participación minoritaria en Metrogas a través de la accionista Integra. Todo tiene que ver con todo, como decía un afamado conductor televisivo.