El plan de Alberto Fernández con el que busca beneficiar con obra pública a los movimientos sociales que todavía simpatizan con su gestión comenzó a cosechar duras críticas.
Los fundamentos principales para rechazar este medida recaen en que, los beneficiados no tienen experiencia en el sector de obras y además porque serán los líderes de los movimientos sociales quienes armaran el padrón de los beneficiarios, lo que expone un claro conflicto de intereses.
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La negativa no solo lleva la firma de la oposición sino que además, para sorpresa del Presidente, dentro de un sector de la CGT y en las organizaciones populares ligadas al kirchnerismo también resonaron las críticas.
En principio, la discrecionalidad de la medida está justificada bajo el argumento de comenzar a formalizar empleos ya que, según expresaron en el Boletín Oficial del pasado viernes, «es fundamental para el Gobierno Nacional impulsar políticas que generen empleo genuino, para lo cual es necesario adoptar medidas para atender y prevenir la vulnerabilidad laboral, cuyas consecuencias más visibles son, entre otras, la indigencia, la pobreza y la exclusión social».
En el mismo informe detallan que las obras deberán no ser mayores a 300 millones de pesos y sólo se tendrán en consideración la instalación de, por ejemplo, red cloacal, construcción de viviendas, iluminación en la vía pública y tendidos de agua.
En ese contexto, uno de los primeros en salir a mostrar su repudio ante esta decisión fue el diputado José Luis Espert de Avanza Libertad (AL). El economista fue claro y contundente: «Es un disparate», y explicó: «La primera amorfidad es que no puede ser que el mismo tipo que está cortando las calles, motivo por el cual tendría que estar preso porque viola el artículo 14 de la Constitución Nacional y también el Código Penal, al mismo tiempo esté formando parte del Poder Ejecutivo Nacional, como Emilio Pérsico, que es el secretario de la Economía Social, eso es un disparate».
«Además hay un segundo disparate, el Presupuesto 2023 le otorga a Pérsico, desde el ministerio de Desarrollo Social, el manejo de un presupuesto de 600 mil millones de pesos», agregó.
Y concluyó: «Dentro de ese segundo disparate hay uno adicional: que manejen plata las cooperativas que supuestamente supervisa, y las que dependen de su Movimiento, el Evita. A las cooperativas habría que sacarles toda la plata y que los fondos vayan directamente al beneficiario del plan. Todo esto son negocios que en el medio se quedan los que son amigos del poder. Los dirigentes sociales como Pérsico, y otros, son punteros para hacer política. Ahora que estoy adentro lo veo a eso, es toda gente que cobra plata para hacer política. Esto no puede ser que ocurra».
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JUNTOS POR EL CAMBIO A LA CARGA
El diputado Luciano Laspina también se sumó a las criticas contra las medidas del Presidente sobre la obra pública y sostuvo que el decreto firmado por Alberto Fernández no es más que una «carta de rendición» ante la extorsión de las organizaciones sociales oficialistas. En esa misma línea, explicó que algunas cooperativas «tienen dueño» o «son una nueva estructura de punteros. Es un delirio«.
El decreto 728/2022 es una carta de rendición ante la extorsión de las “organizaciones sociales” kirchneristas. Obliga a “realizar” $300.000 millones de obras públicas con esas organizaciones. Algunas cooperativas “tienen dueño” o son una nueva estructura de punteros. Un delirio.
— Luciano Laspina (@LaspinaL) November 4, 2022
El economista y legislador de JxC realizó sus criticas vía Twitter y alertó que estas medidas «financiarán con más impuestos las estructuras políticas del kirchnerismo con una opacidad nunca vista. Obras públicas hechas por cooperativas ignotas, la locura es total».
Por otra parte, el principal referente del Polo Obrero (PO), Eduardo Belliboni se mostró disgustado por el avance de esta medida, aunque a diferencia de los diputados, él expresa su negativa porque cree que esta decisión no es suficiente «para poner un freno al empobrecimiento creciente».
Seguidamente agregó: «Acá hay que decir las cosas tal como son: no va a haber más obra pública. Se reemplaza a los trabajadores en blanco por un trabajador precarizado. Por esa razón salió a protestar el burócrata de la CGT Gerardo Martínez. El lugar de un trabajador bajo convenio de la UOCRA, ahora van a tomar un trabajador precarizado de la mayoría de las cooperativas que son del funcionario Emilio Pérsico».
De la mano de las declaraciones de Belliboni, la Coordinadora de Territorial Nacional Libres del Sur, Silvia Saravia expresó sus dudas: «No está claro cómo se va a organizar ese listado de cooperativas. Hay un montón, algunas vinculadas a organizaciones sociales y otras no. Nos parece que sí está bueno discutir que las cooperativas puedan tener acceso a hacer la obra pública, tal como sucede con las obras de urbanización. El problema que tiene ese anuncio del Gobierno es que lo hace en un contexto en donde no está claro cómo se va a ordenar ese listado, si va a estar a cargo de un registro que tiene el ministerio de Trabajo, que incluso está interviniendo sobre el funcionamiento de las cooperativas que se inscriban allí”, dijo. Y cerró: «La desconfianza que nos surge es porque este gobierno anuncia cosas que después o no se llevan adelante o no tienen ningún tipo de impacto real».
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