A mediados del mes de septiembre, el ministro de Economía y el presidente Alberto Fernández acordaron implementar un nuevo bono para personas bajo el nivel de indigencia que será distribuido en los últimos tres meses de este año. El líder piquetero, Juan Grabois, quien había amenazado con abandonar el bloque del Frente de Todos, será el encargado de esta nueva caja.
En aquel entonces, el mismo Grabois le habría confirmado a los medios que la autora de este nuevo bono es la vicepresidente, Cristina Kirchner, quien le dio su apoyo a través de una comunicación: «Pocas horas antes del intento de asesinato de Cristina, recibimos directamente de ella el compromiso de que los hombres y mujeres sin ingresos registrados ni ayudas sociales de ningún tipo recibirían un refuerzo de ingresos en octubre, noviembre y diciembre».
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Además, admitió que este nuevo bono fue clave para impedir su salida del bloque: «Fue totalmente determinante esta garantía para no irnos del bloque, aunque el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner nos hubiese hecho suspender la definición. Con esta medida, se cumple nuestro principal reclamo, tardía e insuficientemente, pero se cumple».
Finalmente trascendió que los ministros de Economía, Desarrollo Social y la titular de Anses, se reunirán antes de finalizar esta semana para determinar el inicio y oficializar este nuevo bono. El mismo beneficiará a más de 2.1 millones de personas que, según el INDEC, se encuentran en situación de calle y vulnerabilidad.
Para recibir el beneficio monetario de $16.500 no podrán ser beneficiarios de ningún otro programa de ayuda estatal y tampoco tener trabajo formal. Si bien el monto que se había pactado para este bono era de $16.500 fuentes oficiales de Nación deslizaron que podría aumentar a al menos $18.300 dado que la canasta básica alimentaria de un adulto incrementó su valor en el último mes.
El costo de este nuevo beneficio será financiado -en parte- por lo recaudado del dólar soja, según confirmaron a través de un Boletín Oficial el mes pasado: «Resulta conveniente crear el FONDO INCREMENTO EXPORTADOR con la finalidad de financiar una prestación monetaria extraordinaria no contributiva y de alcance nacional que asegure una adecuada alimentación para las personas en situación de extrema vulnerabilidad…».
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El fundamento principal que movilizó esta iniciativa y la llevó a oficializarse es que, el beneficio está dirigido a personas indigentes que no perciben ayuda alguna y que el Estado debe tratar de revertir la situación. No obstante, desde las organizaciones sociales insisten que el bono no debe brindarse únicamente en los últimos tres meses de este 2022, sino que debe fijarse como un nuevo plan social.
Este pedido es argumentado bajo la lógica de que una persona en situación de calle no puede recomponer o mejorar su situación en tres meses, sino que debe ser una «política de acompañamiento estatal» la que le brinde tal posibilidad, declararon desde las organizaciones.
Por su parte, la coordinadora territorial de Libres del Sur y referente de los movimientos sociales que acampan frente a Desarrollo Social, declaró: «Toda ayuda viene bien, pero no deja de ser un parche. Y lamentablemente para algunos dirigentes como Juan (Grabois) le permitirá justificar la transferencia de grandes ingresos a los sojeros especuladores», planteó.
A su vez, los referentes que apoyan al líder del MTE, adelantaron que reclamarán porque este bono sea de carácter permanente: «El bono es urgente porque la situación es critica», remarcó Dina Sánchez, del Frente Darío Santillán y finalizó: «También hay que decir que es insuficiente porque ante el aumento constante del precio de los alimentos, no hay medidas que alcancen. Esperamos que se anuncie e implemente rápido porque vienen atrasadas las medidas para los sectores más humildes».
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